Por mayoría panista y en medio de serias discusiones con regidores de oposición la comisión de gobierno aprobó que se inhabilite por 1 año a los ex integrantes del ayuntamiento por su presunta responsabilidad en el mal proceso de licitación para el servicio de recolección de basura en la administración de Bárbara Botello, así mismo que tanto el extesorero Roberto Pesquera como el ex director de gestión ambiental Fidel García Granados sean castigados también por un año.
Uno a uno se desahogaron los 7 procedimientos de responsabilidad administrativa, el primero respecto a la aprobación de las bases sin que hayan especificado en las condiciones técnicas Administrativas y financieras los requerimientos respecto al número de unidades, características, coastos, rutas y turnos; además de otorgar la concesión a GISA y Red Recolector sin que las empresas cumplieran con las condiciones establecidas donde se involucra a los 11 ex integrantes del ayuntamiento.
En el segundo expediente se sanciona a los integrantes de la comisión de medio ambiente por no realizar el análisis costo beneficio; en el tercer caso se sancionará a 2 exintegrantes del ayuntamiento que formaban parte del consejo del SIAP; en el cuarto caso sancionar a los ex ediles del gobierno de Bárbara Botello que integraban la comisión técnica especializada; en el caso número 5 que se refiere a los exintegrantes del consejo del SIAP se determinó que no aplica sanción alguna para ellos a lo que regidores de oposición subrayaron que es claro el tinte político y no jurídico de este tema; en el expediente número 6 se sancionará al tesorero Roberto Pesquera como secretario de la comisión técnica especializada y finalmente al ex director de medio ambiente sustentable Fidel García Granados.
En todos los casos el regidor José Luis Manrique Propuso que la inhabilitación fuera de 1 año tanto para los exintegrantes del ayuntamiento 2012-2015 como para los ex funcionarios ya mencionados, no obstante en todo momento los regidores del partido verde Sergio Contreras y del PRI Salvador Ramírez Argote pusieron contra la pared a sus compañeros blanquiazules y a la misma secretaría del ayuntamiento con cuestionamientos jurídicos pues arguyeron que dichas propuestas de sanción carecían seriamente de un sustento jurídico y estaban basadas en intereses políticos.
Los ediles de oposición advirtieron además que podría caerse en una irregularidad si lo que se decidió en dicha comisión de gobierno pasa directametne a sesión de ayuntamiento sin haber sido sometido a votación un dictamen previo en comisiones
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