La ex alcaldesa de León Bárbara Botello es señalada por la Procuraduría General de Justicia del Estado, de incurrir con empresas inexistentes en actos orquestados y redes de corrupción para dar apariencia de legalidad y aprovecharse de recursos propiedad del municipio de León.
En esa descripción se sintetizan las presunciones de la Procuraduría General de Justicia contra la ahora diputada Bárbara Botello, según lo explicado por el procurador Carlos Zamarripa Aguirre durante una conferencia de prensa que dictó este miércoles en las instalaciones de la Procuraduría estatal.
Tras el anuncio hecho ayer por el panista Éctor Jaime Ramírez Barba, este miércoles el procurador Zamarripa hizo oficial la presentación que hizo ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de una Declaratoria de Procedencia para que a la diputada Botello Santibáñez le sea retirado el fuero constitucional que la protege y se pueda proceder ante las autoridades del fuero común, penalmente en su contra por la presunta comisión de delitos.
Explicó que dicha solicitud fue hecha con base en las investigaciones realizadas y contenidas en 39 tomos, de la presunta comisión de delitos por parte de la entonces alcaldesa de León, y con la finalidad de que, una vez que le fuera retirada la la protección del fuero constitucional se pueda proceder penalmente en su contra.
Zamarripa Aguirre explicó que dicha averiguación ministerial inició con la denuncia presentada por la Contraloría Municipal por irregularidades encontradas en la administración municipal de Botello Santibáñez, y posteriormente se acumuló la denuncia de la Auditoria Superior del Estado y fue integrada por la actual Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la Procuraduría que él encabeza.
Zamarripa hizo una descripción general de los actos delictivos en que, presume, esta inmiscuida la ex alcaldesa Botello Santibáñez durante su gestión municipal, entre 2012 y 1015.
Aseguró que la indagaciones tiene acreditado que fueron contratadas empresas que no prestaron servicio alguno y que se tiene acreditada la existencia de empresas fantasma; le imputa haber participados en redes de corrupción y actos orquestados para dar apariencia de legalidad al apoderamiento de recursos de propiedad municipal.
Pero Zamarripa Aguirre no detalló dichas presuntos operaciones; no mencionó una cuantificación del los recursos de que se habrían apoderado ilícitamente y no hizo alusión a la identidad de las empresas fantasma que menciona o a otras personas físicas que estuvieran involucradas.
Explicó que a efecto de proceder penalmente contra la ex alcaldesa, es necesario que sea retirado el fuero constitucional que actualmente beneficia a Bárbara Botello como diputada Federal, puyes un prerrequisito legal para poder proceder en contra de ella.
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