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Tuesday, August 16, 2022
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Tipifican como delito operaciones con recursos ilícitos

Por unanimidad, el pleno del Congreso local aprobó reformas al Código Penal del Estado de Guanajuato, a fin de tipificar como delito las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

By Redacción , in Estado , at 20 junio, 2019 Etiquetas: ,

Por unanimidad, el pleno del Congreso local aprobó reformas al Código Penal del Estado de Guanajuato, a fin de tipificar como delito las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las modificaciones contemplan que se considerará como delito grave las operaciones con recursos de procedencia ilícita y se agregó al catálogo de penas el decomiso por valor equivalente.

Asimismo, se integraron dos capítulos, el primero se refiere a que, en caso de que el producto, los instrumentos u objetos del delito hayan desaparecido o no se localicen por causa atribuible al responsable, procederá el decomiso de sus bienes, así como de aquellos de los que se conduzcan como dueños, cuyo valor equivalga a dicho producto, sin menoscabo de las disposiciones aplicables en materia de extinción de dominio.

El segundo capítulo habla sobre las penas para quienes cometan estos delitos que van de 5 a 15 años de prisión y de 50 a 150 días de multa a quien adquiera, enajene, administre, custodie, use, posea, altere, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio del estado o de fuera del territorio del estado hacia éste, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

En tribuna la diputada panista, Cristina Márquez Alcalá, ponderó el avance que representa la aprobación de esta reforma.

Contempla que se aplicarán de 3 a 10 años de prisión y de 30 a 100 días multa a quien, mediante el asesoramiento profesional o técnico a otro, fomente, preste ayuda, auxilio o colaboración para la comisión del delito en mención.

De igual forma, se indica el aumento de la pena de un tercio del mínimo a un tercio del máximo, si el que participa en estos delitos es un servidor público.