El Congreso del Estado dio entrada formal a la iniciativas de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y otra para crear la Ley para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
La primera de ellas propone concentrar normativamente a las distintas áreas operativas de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad. Asimismo, se reconfigurará la integración y las atribuciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública para que pueda ejercer las atribuciones que se proponen asignarle y se constituya en un mecanismo más eficiente, funcional y del que deriven políticas públicas en materia de seguridad pública.
En un mensaje difundido a través de redes sociales, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que la propuesta legislativa apuesta a configurar el Sistema Estatal de Seguridad Pública que estará integrado por el Consejo Estatal de Seguridad y el Secretariado Colectivo del Sistema y la Comisión Estatal de secretarios o directores de Seguridad Pública.
El nuevo Consejo de Seguridad Pública tendrá una nueva configuración que contará con el presidente del Poder Judicial, un representante del Poder Legislativo, alcaldes, y 10 espacios de participación ciudadana, que propondrán los programas de seguridad y prevención de la delincuencia.
En la sesión del pleno también quedó aprobada la integración de las 18 comisiones legislativas de la actual legislatura que incluye los nombres por fracción y representación parlamentaria.
En otros temas, se aprobó por unanimidad un exhorto por medio del cual se pide al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, en el ámbito de sus respectivas competencias, se ajusten y disminuyan las tarifas finales del suministro básico de electricidad, así como minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo del estado.
Al hablar a favor del punto de acuerdo, el diputado panista J. Guadalupe Vera Hernández señaló que con este exhorto se busca se corrija el injustificado incremento de los últimos meses. En concreto, apuntó, les preocupaba que la metodología con base en la cual se calculan y ajustan las tarifas antes citadas ha abierto la puerta a una serie de incrementos en el cobro de la electricidad que en el caso de algunos sectores alcanzará incluso el 85% anual. empresariales en el estado.
El diputado Isidoro Bazaldúa Lugo, del Grupo Parlamentario del PRD, suscribió una iniciativa de reforma a diversos ordenamientos locales en materia de interrupción legal del embarazo. el legislador apuntó que debido a las demandas y urgencias actuales es necesario proponer una reforma al Código Penal adicionando tres exclusiones de responsabilidad penal para las mujeres que decidan interrumpir de manera libre, informada y responsable su embarazo.
Las exclusiones son las siguientes: 1) cuando la interrupción del embarazo se lleve a cabo antes de las doce semanas de la gestación; 2) cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista; y 3) cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para practicar el aborto en virtud de haberse diagnosticado que el producto de la concepción presente alteraciones genéticas o congénitas que den como resultados consecuencias graves.
Lo anterior con base en que la Organización Mundial de la Salud reportó que cada día mueren en el mundo 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. Asimismo, mencionó que, a excepción de Guanajuato, todos los estados contemplan dentro de su Código Penal otras exclusiones de pena por el delito de aborto que no sean el de violación o por acciones culposas de la madre.
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