Pronto serán 6 y no solo 2 los empleados de la Tesorería de nivel operativo denunciados por la Contraloría ante la Fiscalía General por estar presuntamente implicados en una red de corrupción que alteró mil dos cuentas del impuesto predial y generó un daño al erario por 8.3 millones de pesos, los 6 servidores públicos ya fueron despedidos.
Apenas el pasado mes de abril el contralor Leopoldo Jiménez Soto anunció las dos primeras denuncias presentadas luego de confirmar la alteración de más de 1 mil cuentas del impuesto predial en 1 año, a partir de ese momento el caso quedó en manos de la Fiscalía General para proceder contra las personas que resulten responsables de dichos actos.
No obstante también el organismo fiscalizador del municipio continuo con las investigaciones y comenzaron a presentarse ciudadanos que se dijeron afectados con dichas alteraciones, por lo que identificaron a 4 empleados más de la Tesorería que al parecer fungían como gestores de los movimientos que se hacían internos, por lo que ya se procedió con el despido de los mismos y se reúnen ya los elementos de prueba para poder presentar así 4 denuncias más en los próximos días.
Dijo que en el caso de los procedimientos administrativos contra todos estos ex empleados de la tesorería, éstos comenzarán cuando se haya agotado toda la investigación y entonces se lleve al siguiente nivel en el que se determinará el nivel de responsabilidad de cada servidor público y la sanción que amerita la falta que cometió.
Leopoldo Jiménez soto subrayó que hasta el momento las investigaciones concentran los presuntos actos de corrupción en una sola área de la Tesorería en la que participaban varios empleados que identificaban al contribuyente y negociaban para hacer descuentos sin que lo detectara el sistema y agregó que si hubiera otras personas externas implicadas ya le corresponde a la Fiscalía determinar quiénes son y el nivel de participación que tenían en estos procesos.
En otro asunto, adelantó que ya está por turnarse al tribunal administrativo el caso de la contratación de una empresa de seguridad privada en la COMUDE que no contaba con todos los requisitos que establece la ley, por lo que podría sancionarse a funcionarios administrativos de la paramunicipal por tal decisión.
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