Ya enfrenta un segundo proceso por el delito de fraude, cometido contra el erario leonés, el ex director administrativo de la Direcciòn de Prevención del Delito durante la administración de la alcadesa Barbara Botello, Héctor Miranda Pérez, luego que un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia revocara la liberad que le había dictado la jueza de militancia panista, Rosalba Delgado Zárate.
La acusación y proceso penal por fraude que ahora si se le imputa a Miranda Pérez, es en realidad la del primer proceso iniciado por la Procuraduría contra él y contra el es director de Prevención del delito, Carlos Gustavo Torres Navarro, el año pasado.
A ambos les imputó la Procuraduría General de Justicia la simulación de contratos para la impartición de cursos de capacitación con costo al erario municipal, pero que habrían impartidos en realidad por empleados del municipio y de cuyo pago se habrían beneficiado personalmente los dos ahora ex funcionarios.
Sin embargo, en ese primer proceso, tras la declaración preparatoria de los exfuncionarios, la jueza Rosalba Delgado Zárate dictó formal prisión al ex director Carlos Gustavo Torres Navarro y libertad a su coacusado, Héctor Miranda Pérez.
El argumento de la juzgadora para favorecer con la libertad al segundo, señalaba básicamente que Héctor Miranda Pérez era subalterno de Torres Navarro y obedecía órdenes de él, por lo que no se desprendía responsabilidad penal para Miranda Pérez.
Tal resolución de libertad inconformó al Miniserio Público, quien impugnó la resolución de la jueza Delgado Zárate y en con base en esa impugnación y los agravios presentados por la fiscalía, que el magistrado que conoció el caso revocó el auto de libertad y ordenó que Miranda Pérez fuera reaprehendido y sujeto a proceso penal.
Este proceso, primero en tiempo se une a un segundo proceso por fraude, iniciado con posterioridad contra los dos mismos exfuncionarios por otra acusación de fraude similar, con presunto provecho personal de recursos públicos, mediante la simulación de cursos de capacitación.
Ambos casos están en etapa de desahogo de pruebas y se siguen dentro del proceso penal tradicional.
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