Del 2014 al 30 de septiembre del 2019, entes de la administración pública estatal y municipios, incluidos el SAPAL y la administración de León, han facturado operaciones por 192 millones de pesos con 171 empresas que el SAT señaló como fantasmas, entre las cuales hay dos vinculadas con la llamada “Estafa Maestra”.
Así lo reveló una investigación realizada por ciudadanos e integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, con base en solicitudes de información al SAT, dependencias estatales y municipales, así como datos del Registro Público del Comercio.
De ella se desprende que de los 192 millones de pesos que fueron facturados al Gobierno estatal y administraciones municipales, el 91 por ciento fue a través de solo 15 “empresas fantasma presuntas y confirmadas” (efos), entre ellas dos que fueron señaladas en la “Estafa Maestra”: Tecmasat Digitalización, S.A. de C.V, y Grupo Industrial Maya S.A. de C.V.
Además, 170 de los 192 millones facturados, están concentrados en operaciones de solo nueve entes gubernamentales, entre ellos el SAPAL que facturó en el referido lapso 4.7 millones de pesos.
En el caso del Municipio de León, el monto facturado por empresas fantasmas fue de 335 mil pesos.
En sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del SEA, su presidente Fernando Revilla Guerrero, explicó que incluso algunas de las empresas detectadas también reportaron operaciones en otros estados, por lo que podría tratarse de una red nacional.
También destacó que, de acuerdo con el SAT, 113 millones de los 193 reportados fueron facturados a los entes públicos del estado posterior a su publicación como presuntas empresas de operaciones simuladas.
Sin embargo, puntualizó que se trata de una investigación que aún está en trámite, aunque adelantó que se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción del estado, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Para ello, añadió, se conformará una asociación civil para proteger a los ciudadanos, no solo de posibles represalias de la autoridad, sino incluso también de la iniciativa privada.
Los ciudadanos señalaron ‘oye, ya no quiero ir solo a la denuncia’ ¿Qué va a suceder? Se va a constituir una asociación civil para denunciar, se llamará la Red Estatal Ciudadana; se prevé otra a nivel estatal que incluye a otros segmentos como academia, empresarios, colegios de profesionistas, pero hasta entonces estará actuando otra asociación para este tema se constituirá una asociación civil que iniciará denuncias en diferentes instancias”, dijo.
En tanto, el contralor de León, Leopoldo Jiménez, también presente en la sesión del Comité, anunció que con base en la información presentada, se iniciará una investigación.
Esta noticia nos lleva a la obligación de investigar lo que nos corresponde; en el caso mío, veo por ahí una cantidad significativa en el SAPAL, y también en el municipio de León hay poco más de 300 mil pesos; esta noticia la vuelvo un expediente de investigación”, dijo.
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