Desde que fue creada la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas a finales de 2012 a la fecha, ésta ha ejercido un presupuesto superior a los 1 mil millones de pesos; sin embargo, apenas 58 servidores públicos han sido sancionados, ninguno de ellos de primer nivel.
De acuerdo con el Registro Estatal Único de los Servidores Públicos, de 2012 a la fecha, han sido inhabilitados 58 servidores públicos por diversos motivos, principalmente por falta de probidad y diligencia al ejercer el cargo.
Quienes tienen las sanciones más graves son José David Baeza López, exdirector administrativo del DIF de Celaya, que por daños causados al erario fue inhabilitado 20 años, sanción que concluirá en 2036. También está Yolanda Chávez Centeno, inhabilitada 10 años por abuso de autoridad cuando era presidenta del Consejo Municipal del IEEG en Salvatierra.
Con el mismo periodo de sanción fue inhabilitado Salvador Israel Vargas Salinas, subdirector de Desarrollo Urbano en Doctor Mora, por negligencia administrativa; al igual que Eduardo García Sánchez, quien cometió fraude en perjuicio del erario por 27 millones de pesos, mientras fungía como director de Adquisiciones y Suministros de la Secretaría de Fianzas.
No obstante, 58 funcionarios sancionados parecieran un resultado menor si se compara con el presupuesto que ha recibido la Secretaría de Transparencia que encabeza Isabel Tinoco.
De 2013 a 2018, ha recibido 1 mil 072 millones de pesos: en 2013 recibió 134 millones, en 2014, 190; en 2015, 185; en el 2016, 177; un año después, 182, y para 2018 le fueron otorgados 182 millones de pesos, de acuerdo a la ley de presupuesto de egresos de cada uno de esos años.
Es decir, por cada funcionario sancionado, han sido ejercidos 18 millones 480 mil pesos.
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