Juez decreta libertad de presuntos feminicidas tras juicio oral - Noticieros En Línea
Sunday, May 31, 2020
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Juez decreta libertad de presuntos feminicidas tras juicio oral

La Procuraduría General de Justicia se dispone a impugnar la resolución de libertad para dos de los tres detenidos por…

By Alfredo Campos , in Policial , at 11 diciembre, 2017 Etiquetas: ,

La Procuraduría General de Justicia se dispone a impugnar la resolución de libertad para dos de los tres detenidos por el feminicidio de María Guadalupe Patlán, alias María la Brava, muerta a golpes en una casa de la colonia Diez de Mayo en diciembre del 2016.

Alberto y Nazareth, quienes fueran procesados por feminicidio, quedaron en libertad por resolución de un tribunal de oralidad el pasado fin de semana.

El primero había sido acusado de ordenar el asesinato de la mujer; el segundo de ejecutar la orden a golpes y el tercero de haber participado en el mismo crimen.

El asesinato fue denunciado por una mujer el 19 de diciembre del 2016 que dijo haber descubierto el cuerpo de una mujer metido en un tambo.

Ese día, en el mismo lugar, fue detenido por policías municipales Nazareth, quien había sido pareja de la asesinada.

Dos supuestos implicados: Alberto  y Omar, fueron capturados posteriormente con orden de aprehensión, y todos quedaron sujetos a proceso penal.

La hipótesis ministerial contra ellos señalaban que formaban parte de un grupo criminal inmiscuido en tráfico con drogas y María Guadalupe había sido asesinada diferencias contra el supuesto cabecilla.

La semana pasada se desarrolló finalmente el juicio de Oralidad contra Alberto y Nazareth, mientras que Omar está preso, pendiente de juicio.

La sentencia del tribunal de oralidad, sin embargo, fue contraria a las pretensiones del Ministerio Público, quien a juicio del tribunal no probó la responsabilidad de los acusados, Alberto y Nazareth, a quienes declaró absueltos y ordenó su inmediata liberación.

Este lunes, funcionarios ministeriales señalaron que la Procuraduría General de Justicia se disponía a impugnar esa resolución, dentro del término de cinco días que le otorga la ley.

Aparentemente testimonios de cargo que habían sido vertidos previamente por personas del mismo grupo, fueron finalmente omitidos y dejaron a la parte acusadora sin pruebas de su acusación.