La Contraloría de León no solo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción por la compra dirigida de combustibles que entre el 2017 y primer trimestre del 2018 en el SAPAL, sino que también lleva a cabo una investigación para determinar algún procedimiento de responsabilidad administrativa a servidores o exservidores públicos encargados de estos procesos de adquisición.
Así lo confirmó el contralor, Leopoldo Jiménez Soto, quién explicó que si bien la auditoría fue iniciada por su antecesor Esteban Ramírez, a su llegada se le dio el seguimiento a la secuela procesal respetando las diferentes etapas en las que la parte administrativa del organismo operador del agua tuvo la oportunidad de solventar los señalamientos que se le hacían en la auditoría, y así mismo en su momento presentó impugnó los resultados de dicha revisión, lo cual fue retrasando el término de la investigación y por eso hasta hace algunos días se presentó la denuncia penal.
A partir de los hallazgos en la auditoría hecha sobre la compra de combustibles en el organismo operador del agua se hicieron algunas observaciones a la Contraloría Interna, no obstante Leopoldo Jiménez Soto reconoció que la comunicación con la titular de dicha área es un tanto limitada.
Mncionó que incluso existen un par de investigaciones del organismo fiscalizador del municipio, que implica la función de la Contraloría del SAPAL por omisiones, pero aún no concluyen los procesos para fincar alguna responsabilidad administrativa.
Confirmó además que a la par de la denuncia penal sigue su curso una investigación que pudiera derivar en procedimientos de responsabilidad administrativa.
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