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Monday, July 26, 2021
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Se alarga proceso penal contra exfuncionarios del Hospital General Regional de León

A dos años de iniciado el proceso penal por fraude contra el exdirector y el ex administrador del Hospital General…

By Alfredo Campos , in Policial , at 4 septiembre, 2017 Etiquetas: ,

A dos años de iniciado el proceso penal por fraude contra el exdirector y el ex administrador del Hospital General Regional de León, Gregorio Martín del Campo Aguirre y Fernando Guiza Suárez, el proceso penal se alarga ahora para el desahogo de careos constitucionales.

Ambos ex funcionarios, sujetos a proceso penal por un fraude de alrededor de siete millones  de pesos, consumado mediante la simulación compras de medicamentos y equipo a falsos proveedores, por el que es procesada también una presunta falsa proveedora, inició desde octubre del 2015.

Los dos ex funcionarios, junto con María Cristina Cruz Narváez, son los únicos sujetos a proceso penal, pero hay otros presuntos implicados que no han sido aprehendidos, confirmaron funcionarios ministeriales.

De acuerdo con la indagatoria del caso, Martín del Campo Aguirre y y Fernando Guiza Suárez maquinaron y consumaron en complicad con falsos proveedores, falsas compras de medicamentos y equpo diverso para el Hospital General de León, del que eran director general y director administrativo respectivamente.

De acuerdo con la acusación, hicieron pagos por compras falsas a proveedores ficticios, como lo sería María Cristina Cruz Narváez.

Solo Gregorio Martín del Camp y María Cristina Cruz Narváez enfrenta el proceso penal en prisión, mientras Fernando Guiza Suarez lo hace en libertad bajo fianza.

El proceso penal en contra de estos presuntos defraudadores ha pasado por incidentes diversos, incluso su tramitación temporal en el nuevo sistema de justicia de oralidad, del que pasó de nueva cuenta al sistema tradicional.

De acuerdo con funcionarios la etapa de desahogo de pruebas se prolongó ahora para que sean desahogados careos constitucionales, sin los cuales una sentencia, cualquiera que fuera su sentido, sería probablemente declarada sin efecto por el Supremo Tribunal de Justicia y se ordenaría la reposición del procedimiento penal para que se verificaran las diligencias faltantes y se dictara nueva sentencia.