El gobierno de Guanajuato solo ha contratado de manera directa 2 testigos sociales para que participen en licitaciones realizadas por la secretaría de Finanzas. Uno de esos, testigos sociales se contrató durante esta administración que encabeza Miguel Márquez en 2015 y el otro en febrero de 2012, en las postrimerías de la gestión de Juan Manuel Oliva.
En el primer contrato, la erogación fue de 463 mil pesos y en el segundo, de 747 mil por lo que el gasto total fue de 1.2 millones de pesos según información que se desprende de una solicitud de información realizada por nuestro compañero Fernando Velázquez
El contrato realizado en el sexenio actual lo hizo la secretaría de Salud del estado para la licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados preferencial, “Adquisición de medicamentos, material de curación y servicios de administración y dispensación de los mismos en la modalidad de stock, farmacia y servicio de unidosis para las unidades médicas del ISAPEG”.
El testigo social designado por la secretaría de la Función Pública fue la Academia Mexicana de Auditoría Integral al Desempeño”. La contratación se hizo el 20 de agosto de 2015 y el monto pagado por los servicios fue por 463 mil pesos.
El otro contrato de un testigo social se dio a finales de la administración pasada cuando se contrató a Transparencia Mexicana para la licitación de Adquisición de bienes perecederos, productos alimenticios básicos y semiprocesados que el DIF usó para el programa de desayunos escolares, despensas y comedores comunitarios.
El monto de contrato firmado el 7 de febrero de 2012, semanas antes de que solicitara licencia Juan Manuel Oliva fue por 747 mil pesos.
