A más de un año de que la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) emitiera una serie de recomendaciones tras el homicidio del migrante Leonardo Reyes Cayente a manos de policías estatales, sus familiares no han obtenido una reparación integral del daño.
Así lo informó Raymundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia, quien, junto con representantes de víctimas de otros casos, sostuvo una reunión con el ombudsperson Vicente Esqueda Méndez.
“Con el procurador vimos dos posibles escenarios: uno, que se reabriera la queja debido a que no se ha cumplido la recomendación; y dos, que la propia Prodheg se reúna con la Comisión de Víctimas porque la recomendación, que tiene más de un año, contiene un apartado sobre reparación integral del daño y esta no se ha cumplido, entonces nos parece que ahí hay una omisión en el seguimiento por parte de la Prodheg, y también de la Comisión de Víctimas que hasta ahora no ha presentado un proyecto para la reparación integral del daño”, dijo.
Raymundo Sandoval añadió que también le expusieron a Vicente Esqueda una serie de inconsistencias y omisiones en las que ha incurrido la Fiscalía de Guanajuato al investigar la desaparición forzada de Pablo Núñez, empresario de San Francisco del Rincón.
Aseguró que la FGE carece de un plan de búsqueda e investigación sobre este tema, el cual, afirmó, ya fue admitido en acciones urgentes por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas.
En las oficinas de la Prodheg estuvo también Laura Díaz Infante, quien afirma que su esposo, Jorge González Topete, fue asesinado, pero la Fiscalía, de manera abrupta, concluyó que se suicidó.
Ella presentó una queja contra la Fiscalía local por haberle retirado la calidad de víctima indirecta, decisión que fue suspendida de forma provisional luego de que Laura presentara un amparo.
