Integrantes de la Comisión de Justicia aprobaron el dictamen que elimina supuestos discriminatorios de la mujer en el Código Civil. El primero de ellos, la derogación del artículo 155, que establecía que la mujer no podía casarse sino hasta pasados 300 días después de la disolución del anterior, a menos que dentro de ese plazo diere a luz un hijo.
El segundo, que establece que contra las presunciones de paternidad se admitirán los métodos científicos que permitan probar con certeza la misma.
En la misma sesión también se analizó la iniciativa que propone reformar el Código Penal del Estado de Guanajuato para que la extorsión sea considerada dentro de los delitos contra la libertad y la seguridad de las personas.
Con la propuesta se plantea modificar la actual redacción del tipo penal básico de extorsión. Además, se propone especificar en una de las actuales agravantes de la extorsión, la portación de arma de fuego y aumentar de una mitad del mínimo a una mitad del máximo la pena del básico.
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá manifestó que la extorsión siembra inseguridad y hace que las víctimas no se encuentren en disposición de denunciar, por lo que provoca que ese delito se extienda más. Afirmó que en enero de 2022 se incrementó en más de un 500% y, por lo tanto, obligaba a dotar de mejores herramientas jurídicas en beneficio de quienes sean víctimas de ese delito.
El magistrado Daniel Chowell si bien se pronunció a favor de la propuesta, realizó algunas sugerencias en la redacción de la misma y planteó que el aumento de penas ha demostrado ser improductivo.
