Las principales omisiones de empresas de seguridad privada en el estado son no contar con todo su personal capacitado o con sus pruebas de control de confianza, aunque son observaciones que han quedado solventadas en tiempo y por ello no han tenido que ser sancionadas.
Así lo dio a conocer el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Juan Antonio Reynoso Candelas, quien refirió que en Guanajuato 187 empresas están debidamente registradas para prestar el servicio de seguridad privada.
Además, detalló que son alrededor de 9 mil personas las que trabajan como guardias de seguridad, figura que termina por ser auxiliar en labores de seguridad pública.
Explicó que acreditar que su personal fue capacitado en el Instituto de Formación de Seguridad Pública del Estado (Infospe) y que cuentan con las pruebas de confianza, son las irregularidades detectadas con mayor frecuencia.
Sin embargo, indicó que las empresas donde se encontró esto, acreditaron en un lapso no mayor a dos semanas solventar dichas observaciones.
“Incrementar el porcentaje de personal capacitado y las evaluaciones de control de confianza, eso es lo más complicado, pero ya cuando llegan, me acreditan que tienen pagados y acreditados los expedientes, y programadas las evaluaciones porque hay cerca de 9 mil guardias”, dijo.
Reynoso Candelas apuntó que si bien tanto el estado como los municipios cuentan con facultades para sancionar irregularidades en estos negocios, son los ayuntamientos quienes tienen mayor contacto directo y también cuentan con más personal para vigilar su correcto funcionamiento.
Destacó que el estado subsidia las pruebas de confianza de los guardias de seguridad, las cuales son diferentes a las que realizan los policías y tienen un costo cercano a los 9 mil pesos, pero las empresas solo pagan 1 mil 650 por examen.
También resaltó que mientras en otros estados el trámite de revalidación o autorización para estos negocios ronda los 20 mil o 30 mil pesos, en Guanajuato es de 5 mil pesos.
El funcionario estatal agregó que cualquier empresa, sin importar su tamaño, puede obtener su autorización siempre y cuando cumpla con los requisitos en la ley, y descartó que haya favoritismos en este proceso.
