Guanajuato.- En mesa de trabajo, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales ordenó el dictamen en sentido positivo de la iniciativa que armoniza la Ley Estatal con la Federal para impedir que aquellas personas que tengan sentencia firme por violencia política en razón de género o sean deudores alimentarios pueden aspirar a un cargo público de elección popular y de designación.
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No obstante, quedó pendiente la adición propuesta en la iniciativa local que contempla la temporalidad de restricción por 36 meses para no aspirar a un cargo para quien tenga sentencia firme por violencia política de género.
Lo anterior, a partir de observaciones y cuestionamientos que hicieron representantes partidistas, del Tribunal Estatal Electoral y de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos.
De hecho, la representante del Tribunal, Isis Albarrán García cuestionó que se pudiera incurrir en un doble castigo.
“Quien haya sido condenado por violencia política contra las mujeres en razón de género por los órganos jurisdiccionales en materia electoral y pudiera ser que alguien sea sancionado en materia penal y hay como una doble imposición de sanción. Además de lo que tendrá que compurgar, por lo que se le haya impuesto, estaríamos con una incongruencia con respecto a que si una persona es sancionada penalmente por el delito de violencia política y esta pena va de 1 a 6 años, una persona que compurgó su pena de un año podría estar en posibilidades de contender mientras que una persona que fue sancionada en una materia que no es penal que es por parte del Tribunal, tendría que esperar 36 meses para cumplir la sanción cualquiera que esta hubiese sido para poder contender por un cargo de elección popular”, señaló.
Por su parte, la representante del Poder Judicial, Claudia Amezcua elogió la reforma, pues pone el ojo en la cualidad de las personas que acceden a un cargo público y garantiza los derechos de niñas, niños y adolescentes y de las mujeres.
“Existen otros medios que pretenden erradicar la violencia contra las mujeres y sancionar a aquellas personas que no cumplan con sus obligaciones alimentarias, pero esos otros mecanismos no se excluyen con la medida que se está presentando, es decir, más bien tienen a colaborar y generar este escenario en el que las mujeres podamos vivir de manera tranquila en el ejercicio pleno de los derechos”, indicó.
Antes de plantear la posibilidad de que la reunión de comisión, se revise la temporalidad de 36 meses cuestionada en las 2 mesas, la diputada panista Susana Bermúdez dijo que lo que se pretende es garantizar la continuidad del comportamiento de la persona en el cumplimiento de sus obligaciones.
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“Treinta y seis meses es una temporalidad donde la conducta de la personalidad de quien quiere un cargo de elección popular tendría que tener esa conducta reiterada del pago, porque no es nada más el hecho de: tengo tanto adeudo y lo liquido, obtengo mi constancia y accedo al cargo y dejo de pagar nuevamente o género violencia pido una disculpa pública y vuelvo a cometer porque quedan a salvo mis derechos”, señaló.
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