León.- La asociación “Abogados Independientes de Guanajuato” afirmó que es necesario que la Fiscalía General del Estado, al investigar los últimos dos homicidios de abogados en León, tome como una de las líneas de investigación su labor como defensores de víctimas del fraude cometido por el despacho “Punto Legal”.
El abogado Salvador Alejandro González Moreno fue asesinado el pasado miércoles en el libramiento Morelos, a la altura del cruce con Paseo de los Insurgentes, cuando llevaba a sus hijos a la escuela.
Él representaba legalmente al menos a una víctima del fraude inmobiliario de Punto Legal, al igual que el abogado Juan José Hernández Torres, de 43 años, cuyo cuerpo fue encontrado maniatado en la comunidad San José de Otates, el pasado 05 de enero.
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Por ello, el vocero de Abogados Independientes de Guanajuato, Óscar Silva, sostuvo que una de las líneas de investigación de la Fiscalía local para esclarecer ambos crímenes debe ser su trabajo como defensores de víctimas del citado despacho legal.
“Sí, yo creo que una de las funciones que marca la ley para la Fiscalía es investigar y esclarecer los delitos, cualquier línea de investigación que nos pueda proporcionar cuál fue el móvil para la comisión de este atroz homicidio, tiene que ser investigada. Desafortunadamente se ha visto incapaz la FGE de llevar a cabo estas investigaciones, dijo.
Reconoció que el gremio está muy alarmado por los cada vez más frecuentes crímenes contra abogados en Guanajuato, por lo que han tomado medidas de autoprotección como ser claros con sus clientes y no hacer falsas expectativas para evitar posibles molestias, compartir información sobre sus traslados y ubicaciones con familiares, así como no tomar casos que conlleven alto riesgo.
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Sin embargo, Óscar Silva sostuvo también que buscan una reunión con la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, y con el secretario de Seguridad Pública de León, Jorge Guillén, para solucionar el problema de que no haya suficientes policías para acompañar las diligencias de riesgo de abogados y actuarios.
“En el caso de embargos a veces la gente se queda enojada y se presentan situaciones que escapan al control del actuario que nos acompaña en la diligencia, y él no puede dar esa seguridad que tiene que brindar el Estado, igual sucede con los desalojos, generan coraje, enojo y también tendrían que estar presentes elementos de la fuerza pública”, dijo.
Estimó que solo en León se llevan a cabo alrededor de 100 diligencias donde el Poder Judicial pide a la Policía municipal acompañamiento, pero eso en muchas cosas no sucede porque no hay elementos de seguridad suficiente, lo que a su vez pone en riesgo a litigantes y actuarios, además de generar retrasos en los procesos judiciales.
Entre abril del 2023 y febrero de este año, al menos cinco abogados han sido asesinados en León: Marcela Gutiérrez en abril del año pasado; José Luis Valenzuela, en octubre; Omar Ramírez, en diciembre; Juan José Hernández Torres, en enero, y ahora, Salvador González.
/LT
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