Tras el asesinato de la candidata Gisela Gaytán en Celaya, integrantes de la academia y de organizaciones civiles coincidieron en que las autoridades deben ajustar sus planes para proteger a los candidatos, pero también a los votantes.
Lo anterior, durante la presentación del tercer Informe de Monitoreo Electoral elaborado por las 26 agrupaciones civiles que firmaron el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE), en el cual se subrayó que en el actual proceso electoral se ha visto empañado por niveles de violencia política inéditos.
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La vicepresidenta de Desarrollo Democrático de la Coparmex Nacional, Rosa Marta Abascal, apuntó que el homicidio de Gisela Gaytán es una señal de que la violencia es el principal riesgo que amenaza el actual proceso electoral.
Refirió que, de acuerdo con el Laboratorio Electoral, con corte al 29 de marzo se habían registrado 156 agresiones contra aspirantes y personas relacionadas con las elecciones, así como 50 personas asesinadas, entre ellas 26 aspirantes a algún cargo de elección popular, 9 secuestros y 22 atentados.
Por lo anterior, Rosa Marta Abascal aseguró que las autoridades federales no deberían delegar todas las tareas de protección de candidatos locales a las autoridades estatales, pues incluso muchas corporaciones policiales carecen de los elementos y la capacitación necesarias.
“Pedimos al Gobierno federal y al INE, y a los gobiernos estatales, que revisen de manera urgente el protocolo de seguridad para candidatos. Como quedó claro en el caso de Celaya, la respuesta institucional debe ser lo más ágil y completa posible, no basta con asignarle responsabilidades de protección a autoridades estatales en el caso de candidatos locales, las policías locales en muchos casos, no cuentan con el personal y tampoco están capacitados”, dijo.
La vicepresidenta de Desarrollo Democrático de la Coparmex Nacional, añadió también que los tres niveles de gobierno no deben perder de vista, que también los potenciales votantes deben ser protegidos ante el contexto violento del país.
“Urge la ampliación del plan de seguridad a nivel local con enfoque en votantes. Es necesario conocer los planes estatales para asegurar las elecciones en comunidades que son foco rojo en violencia. Claro que hay que proteger a los candidatos, pero hay que proteger también a los 100 millones de votantes y asegurar que el 02 de junio se pueda instalar la totalidad de las casillas en el país”, dijo.
Los representantes de las organizaciones que firmaron el ANIE resaltaron que las agresiones y homicidios de aspirantes generan inseguridad entre la ciudadanía para acudir a votar, y puede llegar a suprimir la democracia en comunidades y municipios de México.
/LT
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