Guanajuato.- Por unanimidad, los integrantes presentes de la comisión de Justicia del Congreso local aprobaron los dictámenes de cumplimiento de requisitos de Eduardo López Mares como propuesta para consejero del Poder Judicial y de Vicente Esqueda Méndez, como magistrado propietario y Diana Arce Romero y Elvia Durán Isaís, como magistradas propietarias todos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
Con la ausencia del morenista, Cuauhtémoc Becerra; las panistas Cristina Márquez, Susana Bérmudez y Bricio Balderas y el priista Gustavo Alfaro aprobaron las propuestas sin objeción de ninguno de ellos. Márquez defendió la propuesta de Durán sin responder a los cuestionamientos a su perfil.
Fue el diputado del partido Verde Gerardo Fernández González quien no pertenece a la comisión, quien cuestionó las aptitudes de López Mares como consejero del Poder Judicial y de Durán Isaís como posible magistrada.
Fernández González externó su inconformidad sobre las personas que integran la terna de consejero, aunque solo habló directamente de López Mares, de quien dijo su reciente paso como dirigente estatal del PAN, representaba “violencia directa” a la independencia del Poder Judicial.
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Enseguida, cuestionó el perfil de Elvia Durán de quien dijo es determinante su parentesco al ser cónyuge del Fiscal Carlos Zamarripa y lamentó se cuestione la presunta violencia política de género por señalar ese vínculo cuando esta se comete contra otras mujeres que son más capaces y que no son propuestas porque no tienen nada que ver con Zamarripa.
“Jueces, secretarios de acuerdo, existen miles en el estado que pueden cumplir este espacio y, sin embargo, el parentesco familiar de complicidad que tiene con quien hoy es el Fiscal General del estado de Guanajuato responsable de que tengamos el nivel de injusticia en este estado, hoy está presentada por el gobernador y convenientemente los actores políticos utilizan la tarjeta de la violencia de género cuando les conviene hablando de que no podemos remitir a una persona porque es pareja de alguien más”.
Enseguida, la presidenta de la comisión, Cristina Márquez, leyó un escrito durante 5 minutos para defender la propuesta de Elvia Durán, algo que ni ella ni ninguno de los otros legisladores hizo con alguno o algunas de las otras propuestas.
La exposición de la legisladora panista se centró en argumentar que el hecho de haber sido agente del ministerio público le proporciona a la mencionada, la experiencia en materia administrativa necesaria para ocupar el cargo.
“De lo anterior se desprende claramente que la procuraduría de Justicia del Estado perteneció a la administración pública estatal desempeñando las funciones administrativas mencionadas anteriormente y en ese sentido se debe señalar que se justificaba la vinculación del ministerio público con el organismo ejecutivo. Por ende, sus integrantes se consideraban incluidos en el cuerpo de funcionarios administrativos. Es así además que se considera dentro de la experiencia administrativa que la propuesta que nos ocupa, su experiencia en el ministerio público y en la UG, máxime si se considera que en materia administrativa, la experiencia exigida por la ley para dar cumplimiento a los requisitos señalados para ocupar el cargo de magistrado al Tribunal de Justicia Administrativa del estado no se encuentra tasada de alguna manera en la ley”.
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