Guanajuato.- En el Congreso de Guanajuato, de las tres iniciativas para regular centros de rehabilitación de adicciones, más conocidos como anexos, presentadas en los últimos años, solo una ha sido dictaminada para ser archivada y dos más se quedaron en la congeladora.
La que fue archivada en marzo de 2023 es del partido Verde propuesta por el exdiputado Gerardo Fernández en noviembre de 2021; hay una más del mismo Verde y otra de Morena.
La más reciente iniciativa en la materia fue propuesta por la morenista Alma Alcaraz Hernández hace 2 años, en octubre de 2022.
La comisión de Salud de la anterior legislatura encabezada por Irma Leticia González concluyó que la iniciativa de Fernández tenía rasgos positivos, pero que las entidades federativas solo están ante concurrencia operativa de las entidades federativas, y no una concurrencia normativa.
Fernández González había propuesto la creación de la Ley para la Atención y Tratamiento Integral de las Adicciones para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la cual regularía 263 anexos.
Gerardo Fernández expuso en esa ocasión testimonios de familiares con parientes en un anexo que narraron que varios de ellos fueron internados y en lugar de mejorar su situación, salieron peor.
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La más reciente iniciativa la propuso Alma Alcaraz Hernández, ahora delegada en Guanajuato de Programas del Bienestar del Gobierno Federal, la cual consistía en una reforma a la ley de salud estatal para dar certeza jurídica a establecimientos conocidos como anexos, especificando los requisitos que deben de cumplir para su funcionamiento, además de establecer la facultad y obligación de las autoridades locales y municipales a vigilar que no existan anexos clandestinos.
En abril de ese mismo año, pero de la legislatura anterior, el también diputado del Verde, Luis Gerardo Suárez propuso una iniciativa que contemplaba la supervisión de la Secretaría de Salud para solicitar a estos establecimientos la información de las personas que se encuentran tratando sus adicciones, mencionando las altas y bajas, así como cuántos de estos realmente superaron su adicción, lo cual dijo, serviría para medir y poder implementar políticas públicas para la prevención, atención y tratamiento de las adicciones en el estado.
Refirió que dicha información también servirá como cotejo con la Fiscalía General del Estado, para saber si dentro de estos establecimientos hay personas que cuenten con un proceso abierto por la comisión de un delito.
Las tres iniciativas fueron presentadas tras la mayor masacre registrada en Guanajuato hasta la fecha, ocurrida en un anexo de Irapuato en 2020, donde 26 internos fueron asesinados por un comando armado. Sin embargo, este no ha sido el único incidente violento en un centro de esta naturaleza, ya que recientemente, en un anexo de San Miguel de Allende, tres personas perdieron la vida.
Las dos iniciativas pendientes se encuentran radicadas en la comisión de Salud Pública que encabeza en esta legislatura el morenista Antonio Chaurand Sorzano.
/ED
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