Con información de Gamaliel Reyes y Miguel Zacarías
León.- Un grupo de activistas presentaron una demanda de amparo en contra del aumento a la tarifa del transporte público de León.
En entrevista un día después del anuncio de estas demandas, el asesor jurídico de la asociación civil Urbe, Juan Pablo Delgado Miranda, dijo que esta es la tercera ocasión que se presenta un recurso legal similar contra el transporte en León, que ahora abarca los rubros de pobreza, opacidad en el proceso de negociación de la tarifa, discriminación, tarifa técnica vs tarifa social y medio ambiente.
Te puede interesar: Aumento al transporte en León: ciudadanos piden mejoras en el servicio antes de nueva tarifa
Integrantes del colectivo Urbe, entre otras cosas, señalan que los acuerdos tarifarios establecidos en el anterior ajuste, no se cumplieron en su totalidad.
Juan Pablo Delgado, dijo que uno de los compromisos que no fueron cumplidos, con base en estudios elaborados por el Observatorio Ciudadano de León, es el de las frecuencias.
“Ustedes recordarán que Daniel Villaseñor dijo que ya cumplieron con todo. Pero, incluso los testimonios que se compartieron directos por parte de ediles del Ayuntamiento, incluyendo el de Beto Moreno, que es regidor de Acción Nacional, se señalaron, entre otras cosas el incumplimiento de la frecuencia de las rutas, Beto Moreno estableció de manera muy clara que era la principal queja de todos los ‘Mi Barrio Habla’”, dijo.
En términos de transparencia, Delgado Miranda dijo que es ilegal que se haya obligado a los integrantes de la Comisión Mixta Tarifaria a firmar un acuerdo de confidencialidad.
Asimismo, los activistas refirieron que no hubo transparencia al momento de revisar las justificaciones técnica y operativa presentadas para solicitar el ajuste tarifario.
“Cuando una autoridad toma una decisión tiene que motivarla, en hechos, y tiene que fundamentarla en normativa; si una decisión pública no está motivada en la realidad y no está fundamentada en la legislación se entiende que tiene vicios y, en consecuencia, representa una violación a los artículos 14 y 16 de la constitución y por eso habilita la posibilidad de presentar, entre otras, una demanda de amparo”, señaló.
Expuso que es importante observar la diferencia entre una tarifa técnica que es el monto que se deriva del cálculo de la operación del transporte y la llamada utilidad razonable en contraste con la tarifa social que es el monto que la población puede pagar y esas diferencias terminan por ser un cálculo desproporcionado, cargándole la mano a las personas usuarias.
Los integrantes del colectivo continuarán con la colecta de firmas para interponer un cuarto amparo.
/LT
Discussion about this post