Guanajuato.- Tras el asesinato de Alana, una niña de 8 años en San Miguel de Allende, Martín Pérez, defensor de los derechos de la infancia, señaló que las investigaciones deben realizarse de manera minuciosa, contemplando también el actuar de los agentes de Investigación Criminal involucrados.
El exdirector de la Red por los Derechos de la Infancia en México hizo énfasis en la necesidad de realizar un análisis balístico detallado para deslindar responsabilidades y determinar quién disparó la bala que privó de la vida a la menor.
“Cuando un niño o una niña es víctima de un delito o un crimen, la obligación de la autoridad es garantizar la máxima protección. En este caso, tratándose de una víctima fatal, es imprescindible conocer qué sucedió. Esto implica un análisis de balística, ya que cada arma debe estar identificada, desde las utilizadas por escoltas hasta las pertenecientes a las autoridades o policías”, afirmó.

Sin embargo, el activista también advirtió sobre el riesgo de que el caso sea considerado como un homicidio imprudencial.
“Existe una alta probabilidad de que lo clasifiquen como un crimen imprudencial, lo que en automático significaría que nadie investigue a fondo y que los responsables queden en libertad. Generalmente, solo los detienen un tiempo mientras baja la presión del caso”, explicó.
El asesinato de Alana ocurrió durante un enfrentamiento entre el escolta de su familia y elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes ejecutaban una orden de aprehensión contra el padre de la menor.
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