Guanajuato.- Una mesa de discusión sobre una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Privada del Estado de Guanajuato, que busca establecer las causas de revocación de la autorización para quienes presten servicios de seguridad privada, evidenció las limitaciones operativas que tienen los municipios para regular este tipo de empresas en la entidad.
La propuesta, presentada por el PRI, contempla como una de las causales de revocación de un permiso la incorporación de personal sin la aprobación previa del examen de control de confianza por la autoridad competente. Esta situación llevó al presidente de la Comisión de Seguridad, Erandi Bermúdez, a reconocer la disparidad que existe en Guanajuato entre municipios como León, que incluso cuentan con una Dirección de Seguridad Privada, y otros más pequeños que apenas tienen Dirección de Seguridad Pública.
“Creo que tenemos que trabajar para ver los cómos sí de cómo podemos ayudar con esta iniciativa que nos permite dejar otro tipo de cuestiones que yo quiero dejar muy claro, y me ha tocado, nadie es ajeno, el municipio de León que tiene una gran capacidad operativa y que incluso tiene la posibilidad de tener una dirección de Seguridad Privada, pero tenemos municipios que apenas tienen una dirección de Seguridad Pública”.
Representantes de la Consejería Jurídica de la gobernadora y de la Secretaría de Seguridad y Paz cuestionaron lo limitado de la propuesta priista y señalaron que no harían mayores comentarios, ya que el Ejecutivo está preparando una reforma integral en materia de seguridad municipal.
En su intervención, Anuar Bujaidar, representante de la empresa Limbipro, cuestionó que una de las causales de revocación sea contar con personal que no haya acreditado las pruebas de control de confianza, ya que el retraso en dichos procesos depende muchas veces de la carga de trabajo del Centro de Evaluación, el cual difiere automáticamente las fechas.
“El Centro de Evaluación no tiene la capacidad, es correcto. Tienen meses de desfase y te dan agenda con meses de desfase después de que la solicitaste, y en esos meses pueden pasar muchas cosas. Los elementos a los que querías llevar puede que ya no estén contigo, el cliente puede que ya no lo tengas, y una vez que acuden a esa evaluación, hay meses de desfase en lo que te dan esa evaluación, y sí es un período prolongado”.
La propuesta del PRI también plantea como causales de revocación el uso de documentación o información falsa durante los trámites y revisiones; la negativa a permitir una revisión debidamente notificada; y la utilización de vehículos, personal o recursos materiales con insignias, escudos, colores o cromáticas similares a los de instituciones oficiales de seguridad pública o para la comisión de delitos.
Durante la discusión, también se recordó que en Guanajuato solo existen tres academias de formación de policías, por lo que no sería conveniente delegar la facultad de capacitar a elementos de seguridad a empresas privadas, debido al riesgo que esto representa.
No obstante, Erandi Bermúdez admitió que, dada la realidad de los municipios, era necesario realizar una reforma de mayor alcance, incluso durante la presente legislatura.
“Si vamos a meterle mano de una vez, vamos a meterle una cirugía un poquito mayor que nos permita ya no sentarnos en un mes sino probablemente la siguiente legislatura, si es que quedó algo rezagado, meterle mano; y si no, en esta poderle hacer una cirugía mayor, aunque nos tardemos un poquito más de lo que habíamos pensado, y recibir la iniciativa que el Ejecutivo va a mandar y poder alinear ambas iniciativas”.
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