Respaldado por un reglamento de operación y facultades expresas en la integración de un órgano con derechos ante la Contraloría Municipal, el consejo ciudadano de Contraloría Social que se somete esta mañana a discusión en comisiones parece tener más sustento que el comité ciudadano anticorrupción que operó durante la administración de Bárbara Botello, prácticamente con nulo impacto.
El reglamento que incluye 6 capítulos, 29 artículos y 3 transitorios señala que el consejo estará compuesto por 12 integrantes, 9 de los cuales serán no funcionarios pues serán propuestos por organismos civiles.
Los 3 restantes son el Contralor Municipal, el director de Contraloría Social y el presidente o un integrante de la comisión edilicia de Contraloría.
Entre las atribuciones de los consejeros destacan “recibir y presentar ante la Contraloría consultas, peticiones, sugerencias, quejas y denuncias de la ciudadanía en general, y darle seguimiento a las mismas” y “presentar ante la Contraloría Municipal las quejas y denuncias en contra de servidores públicos municipales, que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales, que detecte en ejercicio de las atribuciones del Consejo y darle seguimiento a las mismas”.
También podrá “presentar a la Contraloría Municipal, en el mes de noviembre, sugerencias para la planeación del siguiente programa anual de auditorías”.
En la exposición de motivos, se señala que este modelo de Contraloría Social, tendrá un marco más integral, pretende con la participación ciudadana establecer un sistema anticorrupción y de promoción de la integridad, basado en criterios técnicos, homologado en el conjunto de dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, alineado a los Sistemas Nacionales y Estatales Anticorrupción, con un espectro más amplio de participación ciudadana.
“Este nuevo modelo de participación social sustituye al Comité Ciudadano Anticorrupción del Municipio de León, Gto., el cual contaba con atribuciones jurídicas limitadas que dificultan su operación y funcionamiento”, señala el documento.
De manera expresa, sin embargo, el documento no incluye referencia alguna a los recursos humanos y materiales que requerirá para su funcionamiento.
