Los acusados del fraude que imputa la Procuraduría General de Justicia a ex funcionarios de la Dirección de Prevención del Delito, del municipio de Leon, son el ex director Carlos Gustavo Torres Navarro y el ahora ex coordinador administrativo de la Dirección de Prevención del Delito, Héctor Miranda Pérez, pero a este último la jueza suplente para el Juzgado Primero de lo Penal, Rosalba Delgado Zárate le dictó libertad, en una decisión que ya fue impugnada por el Ministerio Público.
El caso, ventilado bajo el número de expediente 233/2016 bajo el sistema de justicia tradicional, tiene ya sujeto a proceso penal a Carlos Gustavo Torres Navarro, pero en libertad a Miranda Pérez. La Procuraduría General de Justicia al informar sobre el caso refirió el número de Averiguación Previa 016/2015 y no el del expediente judicial.
El mismo cargo para ambos, pero…
Ambos fueron acusados del mismo delito: fraude, cometido en agravio de la Administración Municipal de León.
El Ministerio Público les imputa haber maquinado un engaño a través de una “empresa fantasma” (Servicios Profesionales e Integrales Prohispa S.A. de C.V.”) para obtener ganancia ilícita dinero del erario leonés con el argumento de que proporcionaba cursos de capacitación que en realidad habrían sido impartidos por personal de la misma dirección engañada.
Órdenes de aprehensión por igual
La jueza Rosalba Delgado Zárate consideró que las imputaciones de ganancia mediante engaño daban suficientes elementos para ordenar las aprehensiones y concedió a la Procuraduría General de Justicia sendas órdenes de aprehensión contra ellos.
Pero aparentemente enterados de los que debían ser mandatos judiciales manejados bajo estricta discreción, los dos reclamados demandaron amparo de la justicia federal.
Cada uno por su lado, compareció sin ser detenido merced a la suspensión provisional de las órdenes de aprehensión que les concedió el juez de garantías.
Uno sí, pero el otro no.
De esa comparecencia, en que rindieron declaración ante la jueza Delgado Zárate, sobrevino luego la resolución de ella: libertad Héctor Miranda Pérez; formal prisión y sujeción a proceso penal para Carlos Gerardo Torres Navarro.
El mismo razonamiento técnico jurídico, pero manejado a contrario sensu (como dicen los abogados) le sirvió para favorecer a uno con la libertad y al otro sujetarlo a prisión y a proceso penal: Uno de ellos (Miranda Pérez) era subalterno y obedecía órdenes en la firma de contratos que son base de la acusación de fraude; el otro (Torres Navarro) era el director y emitió las órdenes.
La Procuraduría General de Justicia se inconformó.
Pero mientras la sujeción a proceso penal para Torres Navarro acomodó a la Procuraduría General de Justicia, la liberación de Miranda Pérez le dio motivo de inconformidad.
La fiscalía adscrita al Juzgado Primero de lo Penal, el tribunal que ventila este caso, impugnó la resolución de la juez Delgado Zárate, y estaría preparando los argumentos con que se opone a esa liberación, en busca de que un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia revoque la decisión de la jueza suplente, Delgado Zárate, y se sujete a proceso también al otro imputado, Miranda Pérez.
