La detención de un exfuncionario mientras trataba de esconder bajo tierra millones de dólares se sumó hoy a los múltiples casos de corrupción que rodean a los pasados gobiernos del fallecido expresidente Néstor Kirchner y su esposa y sucesora, Cristina Fernández.
El ex secretario de Obras Públicas, José López, fue detenido esta madrugada en un monasterio ubicado en las afueras de Buenos Aires, en cuyo campo pensaba enterrar por lo menos cinco millones de dólares que llevaba en efectivo guardados en maletas.
López fue funcionario durante los 12 años y medio en los gobiernos kirchneristas, y trabajó siempre a las órdenes de Julio de Vido, el ex ministro de Planificación que actualmente se encuentra procesado.
Desde que Fernández de Kirchner dejó el poder en diciembre pasado, ella misma y sus exfuncionarios se convirtieron en asiduos visitantes de los tribunales, ya que tienen que encarar múltiples causas de corrupción.
La exmandataria y el exvicepresidente Amado Booudo, hasta exministros como Aníbal Fernández y Julio de Vido o el exsecretario de Comercio, Ricardo Jaime, enfrentan denuncias de administración fraudulenta o corrupción.
Fernández de Kirchner ya fue procesada en una causa en la que se investiga una millonaria operación financiera con dólares autorizada por el Banco Central el año pasado, y en la que también está acusado el exministro de Economía, Axel Kicillof.
Los dolores judiciales de cabeza para el exgabinete son cotidianos, ya que, por ejemplo, este martes el juez Sergio Torres citó a indagatoria a Boudou para que explique la compra irregular de 19 automóviles de alta gama cuando fue ministro de Economía.
Boudou ya fue procesado en un caso que investiga la presunta compra fraudulenta de una imprenta que estaba en quiebra y que, de acuerdo con la acusación, fue comprada por el exvicepresidente a través de prestanombres y luego obtuvo millonarios contratos por parte del Estado.
Por otra parte, se espera que Boudou enfrente este año un juicio oral por haber falsificado los documentos de un vehículo, aunque en las últimas semanas se le acusó también de haber entregado facturas falsas para justificar gastos en viajes oficiales.
En otra causa, a De Vido se le achaca el presunto pago de sobreprecios en obras públicas realizadas en la norteña provincia de Santiago del Estero.
De Vido, en tanto, ya fue procesado por su presunta responsabilidad en el choque de un tren ocurrido en febrero de 2012 en una céntrica terminal de Buenos Aires que dejó un saldo de 51 muertos y centenares de heridos, en lo que fue una de las peores tragedias ferroviarias en la historia de este país.
El primer juicio de esta causa culminó en diciembre pasado con la condena de los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el empresario que operaba la concesión, Claudio Cirigliano, y el conductor del tren, Marcos Córdoba.
En su fallo, el tribunal ordenó investigar la responsabilidad de De Vido, ya que como ministro de Planificación debía garantizar las inversiones necesarias para el funcionamiento sin riesgos de los trenes, a pesar de que son concesiones privadas, ya que brindan un servicio público.
Por ahora, el exsecretario se encuentra a salvo de un juicio gracias a que goza de fueros parlamentarios por su cargo de senador, aunque algunos de sus rivales políticos están promoviendo el retiro de estos privilegios.
El exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se sumó al desfile de exfuncionarios acosados por causas judiciales, ya que tuvo que declarar por el manejo irregular de los millonarios fondos del programa estatal Futbol para Todos.
