El pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a la Constitución local que servirán de base para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.
Con estas reformas se establece que el Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades del orden de gobierno estatal y municipal competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Dicho sistema deberá contar con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría del Ejecutivo responsable del control interno.
También estará un representante de los órganos internos de control de cada región, el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el Presidente del organismo autónomo en materia de transparencia, un representante del Consejo del Poder Judicial y dos del Comité de Participación Ciudadana, este último deberá estar integrado por cinco ciudadanos respetando la equidad de género.
La diputada local priista, Arcelia González, señaló que la corrupción tiene efectos adversos en la sociedad que van más allá de lo económico.
“La corrupción subestima a la democracia, distorsiona la economía y finalmente atrapa a la gente en la pobreza. No nos podemos permitir ser cómplices de la corrupción; expresiones de voluntad política, aunque necesarias, no acaban por ser suficientes, debemos de tomar acciones concretas y decididas. La corrupción no hace más pobre a una sociedad por solo lastimar su economía, sino que hace pobre al más pobre”, aseguró.
En su momento, la panista Libia Denisse García Muñoz Ledo expuso que este Sistema era la pieza que faltaba en las leyes locales pues ahora, el mensaje debe ser captado por todos.
“Hoy tenemos la oportunidad histórica desde este recinto legislativo de dar un claro mensaje y dirigirnos a los ciudadanos que hoy representamos, para decirles que este Congreso no dará un paso atrás en el combate frontal a la corrupción y a la impunidad. No más delitos cometidos por servidores públicos, no más actos de corrupción que queden sin sanción, no más simulaciones de autoridades o de particulares que escondan actos de corrupción”.
En las reformas, también se contempla la creación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, la cual estará adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado, y será un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considere como delitos en materia de corrupción.
Se modifica la denominación del «Tribunal de lo Contencioso Administrativo» por «Tribunal de Justicia Administrativa», quien podrá imponer sanciones además de a los servidores públicos estatales y municipales, a particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.
Asimismo, fincará a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones económicas que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales.
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