La gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, anunció hoy que pedirá al Congreso estatal restaurar la pena de muerte para casos relacionados con el homicidio de niños, de guardias de prisiones y de policías.
La gobernadora respaldó la pena de muerte en momentos en que otras entidades de Estados Unidos tienden a reducir el uso de este castigo, y hay un creciente rechazo de la ciudadanía.
La legislatura de Nuevo México abolió la pena de muerte en marzo de 2009 y la reemplazó por cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, en una resolución que fue luego firmada por el entonces gobernador Bill Richardson.
Sin embargo, la gobernadora impulsó la propuesta tras el homicidio en agosto pasado de Victoria Martens, una niña de 10 años que fue violada, apuñalada y estrangulada horas antes de su fiesta de cumpleaños, y el reciente asesinato de dos policías por reos fugados.
“Estos crímenes merecen la pena máxima (…) Asesinos de policías y asesinos de niños merecen la pena máxima”, dijo Martínez en un comunicado, en el que informó que los representantes Mónica Youngblood y Andy Núñez presentarán la iniciativa.
Youngblood representa al distrito en el que Victoria Martens fue asesinada, y Núñez a la comunidad de Hatch, donde el agente de policía José Chávez fue muerto en el desempeño de su trabajo.
El mes pasado, cuando circularon las primeras versiones de que la gobernadora buscaría restaurar la pena de muerte, los obispos católicos en Nuevo México emitieron un comunicado para expresar su oposición.
Los obispos de Santa Fe, John Wester; Oscar Cantú, de Las Cruces, y James Muro, de Gallup, así como los obispos retirados Michael Sheehan y Ricardo Ramírez, indicaron que se oponen al plan de la gobernadora y pidieron a la legislatura rechazar esa iniciativa.
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