Casi un centenar de países apoya una iniciativa de México y Francia para limitar el derecho al veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), una prerrogativa que muchas veces ha paralizado al organismo.
En un panel organizado al margen de la Asamblea General de la ONU, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Miguel Ángel Ruiz Cabañas, señaló que limitar el derecho de veto tiene como objetivo evitar atrocidades masivas y genocidios.
La propuesta de franco-mexicana, presentada a la comunidad internacional en 2014, pide a los miembros del Consejo de Seguridad que renuncien de manera voluntaria a su derecho de veto en caso de genocidio y atrocidades masivas.
Esta iniciativa de México se suma al código de ética elaborado por un grupo de 27 países llamado ACT (Rendición de cuentas, Coherencia y Transparencia) que pide a los miembros del Consejo de Seguridad a renunciar al veto en caso de violaciones graves a los derechos humanos.
En su intervención, Ruiz Cabañas señaló que además del respaldo al plan franco-mexicano, la propuesta de ACT ha sumado el apoyo de más de 110 países, incluidos ocho de los actuales miembros del Consejo de Seguridad.
Las propuestas “no cuestionan la relevancia del Consejo de Seguridad ni involucran ninguna enmienda de la Carta de la ONU, al contrario, el objetivo es hacer más eficiente y efectivo a este organismo cuando se trate de atrocidades masivas”.
Las decisiones conjuntas del Consejo de Seguridad son ahora más relevantes que nunca porque ningún país, por poderoso e influyente que sea, puede resolver solo conflictos en el mundo, según el funcionario. El caso de Siria, explicó, es paradigmático.
Siria es “el más reciente ejemplo de cómo la parálisis del Consejo ha prolongado e incluso exacerbado una de los más destructivos, dolorosos y sombríos conflictos de la historia reciente”, apuntó.
Ruiz Cabañas sostuvo que México ha propuesto que la manera en que la comunidad internacional podría determinar casos de genocidio o atrocidades en masa sería cuando al menos 50 de los 193 Estados miembros de la ONU presenten evidencias sobre el caso.
La otra posibilidad es que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos o el secretario general de la ONU declaren que hay un alto riesgo de que en un país se cometan crímenes contra la humanidad o atrocidades en masa.
Bajo esas circunstancias, el poder de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China) sería suspendido de manera voluntaria.
“México llama a todos los países que no lo han hecho, y en especial aquellos miembros del Consejo de Seguridad, permanentes y no permanentes, a que se unan a estas dos propuestas”, detalló Ruiz Cabañas.
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