La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local aprobó el primer paquete de leyes secundarias que forman parte del sistema estatal anticorrupción que elimina la facultad a los titulares de la Universidad de Guanajuato, Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos e Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de nombrar a su propio Contralor. De aprobarse esta disposición el próximo jueves en el pleno, la facultad será ahora del Congreso local.
También el Tribunal Estatal Electoral y el Instituto Electoral del Estado formarán parte de los organismos descentralizados que deberán ceder al Legislativo esta facultad según comentó la presidenta de esa instancia, Libia Denisse García Muñoz Ledo.
Expuso que en el caso de la Universidad de Guanajuato se le quita la atribución que tenía el Rector para proponer al funcionario al Consejo General Universitario y ahora se hará a través de una consulta pública que convocará este Consejo General que a su vez enviará las propuestas al Legislativo.
En la misma sesión, la diputada del partido Verde Beatriz Manrique presentó una propuesta de modificación a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato que pretende realizar ajustes para fortalecer las mejores prácticas en los procesos y sistemas de adquisición y compras públicas, apuntalando la garantía de eficacia en el gasto público.
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