Los últimos cinco detenidos por daños y robo al banco Santander de Torres Landa, del total de 19 adultos arrestados, fueron puestos en libertad este miércoles tras de que el juez de control resolviera que las imputaciones del Ministerio Público contra ellos no se justificaban.
Es el caso iniciado el 4 de enero tras los desmanes que dejaran daños por más de cien mil pesos y robo de equipo de cómputo contra la sucursal Santander por poco más de 27 mil pesos, y por el que la policía municipal de León detuvo a 43 personas, 19 de ellas mayores de edad.
El desmán fue antecedido por un anuncio en las redes sociales que convocaba a saquera al Supermercado Wallmart, y efectivamente, la sucursal Wallmart localizada en ese sitio, resintió daños por 3 mil pesos en sus cortinas de acero pero no se ocupó de presentar denuncia o querella.
Este miércoles asistieron a la continuación de su audiencia de imputación, cinco detenidos que se acogieron al término constitucional ampliado a 144 oras para la resolución de su situación jurídica:
Sergio, Jorge, Eduardo, Bryan y Saúl, según la identificación publicada de ellos previo al ejercicio de la acción penal, fueron asistidos uno por un defensor público y el resto por defensores particulares (7 abogados en total) mientras la imputación continuó a cargo del fiscal Víctor Ruteaga y la fiscal Magdalena Gaytán.
La audiencia en todas sus partes fue presidida por el juez Jorge Alberto Servín Manrique, quien no perdonó amonestaciones a los fiscales y a los abogados cuando se extraviaron en sus argumentaciones.
Inconsistencias.
Este miércoles, las imputaciones ministeriales y el debate de las mismas por los abogados defensores, evidenciaron deficiencias en la argumentación ministerial.
Según ese debate, la policía municipal al intervenir en aquellos desmanes se dedicó a detener a diestra y siniestra a ciudadanos que encontró en la zona, pero no necesariamente a involucrados en el saqueo.
Un sólo policía, afirmaba en la investigación ministerial haber detenido a cinco personas en el término de 25 minutos, pero las circunstancias ubicaban esas detenciones en la zona circundante del estacionamiento de Wallmart, el bulevar Francisco Villa y Torres Landa y Pradera.
Los abogados argumentaron la poco lógica y lo poco creíble de esa versión policial, que además hacía imputaciones contra los detenidos a los que dijo haber visto arrojar piedras al banco.
Por otra parte, los defensores evidenciaron circunstancias como que videograbaciones referidas como dato de prueba por el Ministerio Público, establecían que la violencia se desató a las siete y 33 de la noche del 4 de enero, pero el mismo policía afirmaba haber hecho la primera detención a las siete y media, es decir, antes de la violencia.
Tres estudiantes universitarios fueron detenidos, según el argumento de uno de sus defensores, cuando se retiraban del estacionamiento de Wallmart después de que habían pretendido llegar a hacer una compra a Wallmart, pero el advertir la violencia, desde el vehículo que tripulaban, estuvieron transmitiendo en vivo lo que ocurría, desde sus teléfonos, vía internet.
No vinculación.
Para el juez Servín Manrique, al final del debate probatorio, el Ministerio Público no justició la presunción de que los cinco detenidos hubiesen participado en los daños, en el robo y en el actuar en pandilla contra Banca Santander, y negó al Ministerio Público el vincularlos a proceso penal.
Enseguida ordenó su liberación e instruyó al sistema operador de la Sala de Oralidad que girara dicha orden de liberad al Cereso de León, donde los imputados permanecieron desde el pasado viernes por la tarde, cuando el Ministerio Público los puso a disposición de la autoridad judicial.
Solo cuatro.
En resumen, tras las detenciones del 4 de enero, de 19 adultos, sólo cuatro de ellos quedaron vinculados a proceso penal pero solo por el delito de daños.
Esto no significa que sean declarados culpables, sino que sólo quedaron legalmente vinculados a la investigación, ahora judicializada, mediante la cual el Ministerio Público deberá preparar pruebas para llevarlos a un juicio de oralidad en el que se deslinde si son o no responsables de ese cargo.
Al final de esta etapa procesal, de todos modos, todos los que fueron detenidos están ahora en libertad.
Los menores, bajo investigación.
Por otra parte, en la audiencia de este miércoles, finalmente se tuvo referencia de la situación jurídica de todos los menores de edad detenidos el 4 de enero: Todos ellos estan en libertar, pero son investigados por el Ministerio Público especial para adolescente.
La referencia la mencionó la fiscalía durante la audiencia de este miércoles.
Pero no están libres de cargos.
Pero la resolución judicial de no vincular por robo a ninguno de los 19 adultos, y de no vinculación a 14 por daños, tampoco significa una declaratoria de absolución o inocencia.
La Procuraduría General de Justicia estudia la audiencia que le fue tan adversa en sus pretensiones hasta ahora, para emplear el recurso de impugnación y buscar una resolución más favorable para su causa, ante un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y, en su defecto, pude incluso continuar las las indagaciones contra todos los que fueron detenidos.
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