El Pleno del Congreso local aprobó reformas al Código Penal para el Estado de Guanajuato, a fin de sancionar la violencia en espectáculos públicos.
Con esta reforma el homicidio y las lesiones serán considerados como delitos calificados cuando se causen por la asistencia y con motivo de la realización de un espectáculo público, bien sea con inmediatez previa a su desarrollo, durante éste o con posteridad inmediata al mismo.
De igual forma refiere que a quien cometa dicho delito se le prohibirá la asistencia a eventos con fines de espectáculo público hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, así como las sanciones que señalan los artículos 140 y 150 del mencionado Código.
Se impondrá prisión de uno a cinco años y de diez a cincuenta días multa, a quien cause daño a cosa ajena o propia en perjuicio de tercero, cuando el delito se ejecute por la asistencia y con motivo de la realización de un espectáculo público.
Al hablar a favor del dictamen, el diputado Alfonso Guadalupe Ruíz Chico expuso que la sociedad tienen derecho a que su participación en eventos de la vida pública se realicen en condiciones tales que su vida, salud personal y patrimonio se vean protegidos y garantizados, y que los eventos públicos a los que asisten se desarrollen en un ambiente de paz y tranquilidad.
“En donde más de una ocasión, sujetos que no se adaptan a la naturaleza lúdica y de esparcimiento que significa la celebración de un evento de esa naturaleza, cometen actos delictivos antes, durante y con posterioridad al evento, o incitan a otros a cometerlos ocasionando daños a terceros, lesiones de diversos tipos e inclusive homicidios. Conductas antijurídicas que atentan contra individuos en lo particular, pero contra la sociedad entera en general”
De origen, la iniciativa fue planteada por el grupo parlamentario del PAN a raíz de diversos acontecimientos violentos que se han dado en nuestro estado, particularmente durante la celebración de partidos de fútbol profesional.
Uno de los casos más sonados fue el ocurrido en octubre de 2012 cuando la Policía de León desalojó a integrantes de la porra de los Tigres de la Universidad de Nuevo León con violencia y el caso llegó incluso a la procuraduría de Derechos Humanos.
Mencionó que con estas reformas se estaría materializando el reclamo de la sociedad por sancionar con mayor dureza a quienes atentan contra la sociedad en general, en espacios sociales en donde se busca privilegiar la diversión, el esparcimiento y la cultura, ocasionando daños a terceros en perjuicio de su patrimonio, lesiones de diversa naturaleza, que inclusive llegan a poner en peligro la vida de las personas, o provocan la pérdida de algún miembro u órgano.
