El Congreso del Estado aprobó por mayoría los resultados de las auditorías al gobierno de Bárbara Botello que determinan que determinó que en 2013 y 2014 el Gobierno de León pagó 4.2 millones en contratos de asesoría legal, administrativa, y otros, que no se acreditaron.
El informe de la auditoría específica realizado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) a contratos de prestación de servicios derivó en 10 responsabilidades penales, 16 civiles y 23 administrativas.
El resultado de la revisión que hizo la (Aseg), fue aprobado con 24 votos a favor de la bancada del PAN, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Morena y el PRD.
La ASEG no encontró evidencia de los resultados de los trabajos para los cuales se les contrató y pagó, y tampoco pudo localizar a la mayoría de las empresas referidas para responder sobre lo mismo.
La auditoría específica fue por los contratos firmados entre 2013 y 2014 y las operaciones realizadas con las personas físicas o morales «Advise Experts Trilogy S.A. de C.V.», «Asesoría Especializada Especta Aeesa, S.A. de C.V.», «Asesores y Gestiones del Pacífico, S.C.», «Servicios Opcionales de Guanajuato, S.A. de C.V.», «Participación en Proyectos GA. VA., S.A. de C.V.», «Grupo Asesor Comisionista, S.A. de C.V.», «Grupo Itec de León» y «Constructora Dagusa».
Al someter a discusión el dictamen de la auditoría mencionada, la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz externó su inconformidad con las responsabilidades penales que derivaron del informe y las calificó como irresponsables e injustificadas. También, pidió que el dictamen fuera devuelto a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para que se revisara nuevamente.
Según los datos que he presentando, pregunto: ¿dónde están las conductas criminales de los señalados como presuntos delincuentes? ¿Dónde está el robo? ¿Dónde está el fraude? ¿Dónde está el enriquecimiento ilícito? Esta tres preguntas se las hice al auditor, porque la auditoría no las contiene. En si, no prueban que estos tres delitos se hubieran dado y si se hubieran dado la auditoría o en la auditoría no supieron llegar a ellos”
En su momento, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba destacó el trabajo que ha realizado la ASEG en la revisión del adecuado uso del recurso público.
No obstante, en el cierre de su intervención dijo que en su momento, tras la conclusión de las investigaciones, la propia diputada Botello podría ser desaforada si se le encuentra responsable.
No venimos a politizar el tema de este mismo órgano legislativo, hay gente de municipios que han demandado nuestro partido que hoy están en la cárcel y otros como ha ocurrido aquí en el mismo municipio que andan “jullidos” y otros que están de diputados y yo espero que si el Poder Judicial y el auditor entrega los fundamentos entonces el juez puede dictar la culpabilidad y estaré muy contento de que se inicie un juicio desafuero contra la ex alcaldesa y hoy diputada federal”
Por su parte, la diputada Angélica Casillas Martínez y el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez pidieron el uso de la voz para rectificación de hechos.
Coincidieron en que el trabajo realizado por los auditores fue responsable; además de lamentar el demérito a la labor que desempeña la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).
En otro tema, el Pleno del Congreso aprobó la reelección de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Daniel Federico Chowell Arenas y Francisco Aguilera Troncoso, quienes fungirán en el cargo por un periodo de siete años.
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