El proceso que siguen las denuncias penales contra directivos de la empresa Química Central de México se mantiene en curso y de ninguna manera se ha dado carpetazo al asunto aseguró Víctor Calvillo Díaz, subprocurador jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
En entrevista, el funcionario federal sostuvo que la dependencia a la que pertenece ha concluido su trabajo con la aplicación de la sanción administrativa y ahora todo está en la cancha de la unidad especializada en delitos contra el ambiente de la PGR.
Si puedo yo corroborar que ya la PROFEPA concluyó todos sus trabajos, concluimos la información técnica pericial que ya era necesaria, y estamos a la espera de que el Ministerio Público determine lo que a derecho corresponda. En caso de que el MP proceda y se inicie un proceso penal federal en contra de los empresarios, entonces la PROFEPA le corresponde solicitar la reparación del daño al propio juez federal, y en esa parte participaría la subprocuraduría, pero en esa parte evidentemente estaremos supeditados y un paso atrás en el liderazgo del Ministerio Público”
El funcionario federal habló así luego de que la Profepa anunció que la empresa Química Central de México S.A. de C.V. (QCM), deberá pagar una multa por más de 33 millones de pesos por no confinar las 300 mil toneladas de residuos peligrosos (cromo hexavalente) que abandonó a cielo abierto dentro de su planta, en los límites de San Francisco del Rincón y León.
Calvillo Díaz recordó que desde julio de 2014 se decretó la clausura en la planta de Química Central y en septiembre de ese mismo año se presentó la denuncia penal ante la PGR.
Advirtió que la Profepa no cuenta con recursos para asegurar el retiro del material peligroso y que la Semarnat es la que cuenta con un fondo para esas circunstancias.
A la PGR le corresponde determinar la responsabilidad, ya no de la empresa sino de los empresarios y representantes de esta, que de manera indolente, ilegal y además ilícita, permitieron este almacenamiento sin contar con la medida de seguridad. Es un delito de orden federal y la PROFEPA presentó la denuncia”
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