De enero a mayo, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato ha abierto 588 expedientes de quejas, y las corporaciones de seguridad pública municipal se mantienen como los entes más señalados, principalmente por abuso de autoridad y detenciones arbitrarias.
Así lo informó el titular de la Procuraduría, Raúl Montero de Alba, quien comentó que en León han sido registradas 43 quejas en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, y hasta ahora han sido emitidas 13 recomendaciones.
En Irapuato y Celaya han sido abiertos 22 expedientes en cada uno, los cuales han derivado en 1 y 10 recomendaciones respectivamente.
Respecto a la reforma al Código Penal para permitir la legítima defensa, recién aprobada por el Congreso local la semana pasada, el Ombudsman apuntó que ya estudia dicha modificación, aunque subrayó que no se trata de una licencia para matar, sino que tienen que cumplirse ciertos factores para que se pueda considerar legítima defensa.
“Estamos analizando la Ley, sí estamos en la lectura, entender que la legítima defensa ya estaba contemplada en el Código Penal antes de esta reforma, que aquí a lo mejor se privilegia ciertos factores del homicidio”.
Que quede claro que esta legítima defensa no es una licencia para que las personas priven de la vida a otra persona; ahí en el ámbito de competencia de los distintos poderes, en el ámbito de esta autonomía y del respeto que tiene la PDHEG, estaremos atentos pero creemos que hay que ver varios supuestos, análisis, doctrinas, mecanismos que tienen que aplicar al caso”.
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