Un juez federal ratificó la no existencia de irregularidades en el proceso de reestructura salarial de la administración pública centralizada durante el gobierno de Bárbara Botello Santibáñez por lo que queda sin efecto la orden de aprehensión que se emitió en contra del entonces director de Desarrollo Institucional, José Guadalupe Pedroza Cobián y de la consultora Austria Gabriela Morales.
Se trata de la tercera instancia judicial que ratifica que no hay elementos para fincar responsabilidad penal en contra de exfuncionarios por aquel proceso y reiteró que no hubo desfalco ni lesión al patrimonio municipal.
En noviembre del año pasado, la Procuraduría de Justicia consignó el expediente ante un juez penal que se negó a girar orden de aprehensión contra los señalados porque no había elementos para ello.
La autoridad judicial apeló y el caso fue revisado por el Poder Judicial del Estado que ratificó el fallo de que no había pruebas de daño al erario.
Posteriormente, la Procuraduría interpuso un amparo ante la justicia federal que por tercera ocasión, exoneró a los diputados.
Así habló, el exdirector de Desarrollo Institucional José Guadalupe Pedroza.
No quiero entrar en una guerra de descalificaciones, mi posición es muy sobria, muy centrada en el sentido de que sin triunfalismos estériles, reconozco y agradezco que la justicia aún exista, que se pueda confiar que todavía hay justicia y reconozco el papel del Poder Judicial que dirimió y resolvió objetivamente, ya no los políticos, los jueces federales y estatales decidieron que no había delito penal”
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