Integrantes de las Comisiones Unidas de Gobierno y Contraloría en el Ayuntamiento de León aprobaron absolver de cualquier responsabilidad de los ex integrantes del Comité de Adquisiciones y funcionarios de la Dirección de Movilidad por la compra de un predio con una superficie superior a lo que se utilizó para la estación de transferencia San Jerónimo, aunque por otro lado dieron su aval para que se sancione con 6 meses de inhabilitación y una multa de 27 mil pesos al ex regidor del Partido Verde.
En el primer caso se pretendía sancionar a los ex ediles del ayuntamiento 2012-2015 que participaban en el comité de adquisiciones por la compra de 26 mil metros cuadrados para la estación Sur del SIT cuando el proyecto ejecutivo solo ampara 10 mil 900 metros cuadrados , no obstante al revisar el caso se pudo confirmar que existía la justificación para adquirir la superficie ya mencionada se propuso a las comisiones correspondientes perdonar a los señalados en el expediente luego de que se analizaron varias pruebas como el estudio de diseño funcional, la ficha técnica de la terminal de transferencia, entre algunas otras.
Por otro lado se revisó el caso del ex regidor Miguel Ángel Balderas a quien se le observó en una auditoría de la ASEG por no comprobar 20 mil 729.81 pesos de la totalidad de los viáticos que le fueron entregados para asistir a la feria IAA de la industria Automotriz en Franfurt Alemania del 22 al 30 de septiembre del 2015, por lo que el ayuntamiento en turno aprobó aplicar una inhabilitación de 6 meses.
Así mismo en la comisión de Contraloría se dio a conocer que será este organismo fiscalizador quien revise y determine la sanción para la falta cometida por la cancelación de un viaje a la Feria World Congress en Barcelona España por lo que se indica un daño de 89 mil pesos debido a una falta de planeación, observación en la cual se señala como presunta responsable a la ex alcaldesa Bárbara Botello Santibañez así como aquellos servidores públicos que hayan intervenido y propiciado los hechos observados, por lo que ahora la Contraloría determinará los procedimientos de responsabilidad.
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