El Congreso local aprobó por unanimidad reformas al Código Penal que castiga hasta con 60 años de prisión a quien mate a un policía o cualquier servidor público dedicado a la investigación de la delincuencia.
Originalmente el dictamen aprobado por los 32 diputados asistentes contenía una pena de entre 20 y 40 años, como lo propuso la diputada priista Arcelia González González.
Pero la diputada Angélica Casillas Martínez, del PAN, presentó una reserva para que la pena cambiara por desde 30 hasta 60 años de prisión, que fue aprobada por todos los 32 diputados asistentes también.
La disposición aprobada quedó así: Artículo 141-A. “Al responsable de homicidio en contra de servidores públicos por motivo de sus funciones de seguridad pública, de procuración e investigación de delitos en materia penal, o de ejecución de penas de su cónyuge o sus parientes en línea recta o colateral de cuarto grado, tendrá una pena de 30 a 60 años de prisión y multa”.
En tribuna, la diputada panista Libia Denisse García justificó así la reserva presentada por su compañera de bancada.
Estaos conscientes que el aumento de penas no resolverá por sí mismo el desafío en materia de seguridad, pero también estamos convencidos que es un paso que estamos obligados a dar. El mensaje que queremos mandar es contundente y muy claro, como sociedad no vamos a tolerar a quienes utilizan la violencia en contra de hombres y mujeres que dedican su vida a velar por la paz y la tranquilidad de todos los ciudadanos”
Originalmente, Arcelia González argumentó que proponía un 50% de más de las penas pero admitió que el aumento de penas no reduce ni la criminalidad ni la pena, porque a un delincuente no lo desalienta.
Podríamos pensar, dijo, en más años, pero qué pasaría si rompemos con la proporcionalidad de las penas y cuestionó que sería bueno conocer ¿de los crímenes cometidos contra policías, cuántos están sentenciados?
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