La obra pública en Guanajuato se realiza con transparencia y apego a la libre competencia, aseguró la Secretaría de Obra Pública, aunque no fijó postura sobre si los procesos de contratación o la ley vigente permiten “acuerdos colusorios”, como lo sostiene el Instituto Mexicano de Competitividad en su estudio publicado la semana pasada.
A través de un comunicado, la Secretaría que encabeza José Arturo Durán Miranda enlista que durante el sexenio, por adjudicación directa han sido contratadas obras por 2 mil 787 millones de pesos, lo que representa el 12.6 por ciento del total contratado hasta ahora.
De dicho monto, el 7.4 por ciento fueron asignaciones directas por excepción por temas relacionados con seguridad, los cuales no pueden ser dados a conocer de manera explícita por contener planos, proyectos, inversiones que de ser ventiladas, significarían un riesgo para el estado o para la seguridad.
Además resalta que el 58 por ciento de la obra pública ha sido contratada a través de licitaciones públicas, y el resto mediante licitaciones simplificadas o a través de convenios con municipios.
Más del 95 por ciento de la obra asignada en la administración ha sido para empresas de origen Guanajuatense. Queremos que los empleos, los impuestos, las ganancias pues, se queden en el estado”, reza el comunicado.
Además, señala que estos datos pueden ser la plataforma #GtoConstruye, que es única en el país.
La Secretaría de Obra Pública también defiende que todas las empresas que deseen concursar por un proyecto estén inscritas en el Padrón de Contratistas, pues así lo establece la Ley, y resalta que el pasado viernes se publicó una nueva Ley de Obra Pública, en la cual “quedan asentados algunos procesos que, hasta hoy venimos haciendo en el Estado de manera habitual, aun cuando la ley actual no nos lo pide”, aunque no especifican cuáles procesos.
Lo anterior luego de que el advirtiera en su estudio “Índice Legal de Obra Pública” que la obra pública de Guanajuato carece de transparencia y planeación suficiente, y que incluso, sus procesos de contratación favorece la realización de “acuerdos colusorios”.
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