Dos inhabilitaciones de 5 años cada una, así como más de 800 mil pesos de multa para la exalcaldesa priísta Bárbara Botello y sanciones para otros dos exfuncionarios de su administración, aprobaron por mayoría integrantes del ayuntamiento.
En Comisiones Unidas de Gobierno y Contraloría regidores de las diferentes fuerzas políticas, revisaron 5 procedimientos de responsabilidad administrativa de los cuales 2 corresponden a imputaciones que recaen sobre la ex alcaldesa y diputada federal Bárbara Botello Santibañez; la ASEG en un primer caso señaló como una conducta grave los servicios de hospedaje y SPA contratados en el 2014 en el hotel Hacienda Sepúlveda para ella y tres personas más, pues dichos servicios fueron pagados con recursos públicos por 9 mil 503 pesos, de tal forma que se aprobó una sanción de 5 años de inhabilitación y 13 mil 067 pesos de multa por el daño causado al erario.
En el segundo caso se acusa a la expresidenta de León de haber recibido 304 mil pesos más en su liquidación por concepto de prima de antigüedad por 28.8 días y una indemnización de 1.95 meses de tal forma que los ediles avalaron sancionar a la exfuncionaria con una multa de 853 mil pesos y 5 años de inhabilitación. Así mismo se aprobó sancionar también al exdirector de Desarrollo Institucional, J. Cruz Hernández Moreno, con 8 meses de inhabilitación.
Pese a los argumentos esgrimidos por el regidor priísta Aaron Lira y la defensa del mismo a la administración pasada, al emitirse una resolución ahora los señalados deberán ser notificados como lo puntualizó el contralor Esteban Ramírez.
Nosotros revisamos para el procedimiento de responsabilidad, seguimos el procedimiento, citarlo, escucharlo, recibir sus pruebas alegatos y turnarlo al Ayuntamiento, el procedimiento ellos tienen derecho a defenderse, pueden estar inconformes por la sanción que pone el Ayuntamiento y podrán recurrir a los tribunales, en ese momento podrá hacerse efectiva la multa”, dijo.
Cabe precisar que se expusieron dos casos más relacionados con la dirección de comunicación social por la contratación de algunos servicios y falta de material que la ASEG considera como un entregable de encuestas.
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