Los servidores públicos estatales y municipales tendrán la obligación de acatar las recomendaciones que les emita la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEC).
Lo anterior, tras ser aprobada hoy la reforma correspondiente a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en sesión ordinaria del Congreso del Estado.
La modificación a esa legislación, propuesta por el diputado local Héctor Insúa García, señala también que, en caso de una negativa al acatamiento de la recomendación, el funcionario en cuestión deberá fundarla y motivarla.
Además, estará obligado a comparecer ante el Congreso del Estado para explicar el motivo de esa negativa.
De acuerdo con el dictamen a favor de la reforma, presentado por el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Arturo García Arias, la norma en materia de responsabilidades también se armoniza con la reforma constitucional local sobre la defensa de los derechos humanos.
Esta última reforma se aplicó a la Constitución Política de Colima el 5 de enero de 2013, estableciendo la obligación de los servidores públicos de atender las recomendaciones que les presente la CDHEC, con lo que además se fortalece el sistema de responsabilidades de los servidores públicos.
También obliga a los funcionarios municipales y estatales, “a no adquirir, arrendar y enajenar bienes, contratar servicios de cualquier naturaleza y de obra pública, o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, sin la autorización previa de la Contraloría”.
Asimismo, tienen la obligación de abstenerse de adquirir para sí bienes inmuebles que pudieran incrementar su valor como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas que ellos mismos hayan autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo.
Esta restricción será aplicable hasta un año después de que el servidor público se haya retirado del cargo.
Finalmente, la reforma a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que las sanciones graves en las que hayan incurrido los funcionarios, “prescribirán a los cinco años”, es decir, dos más de lo anteriormente establecido.
