Asociaciones civiles de Guanajuato alertaron que de consolidarse la Guardia Nacional, ello agravará la ola de violencia que se vive en la entidad, y de paso criticaron duramente al Ejecutivo estatal y a la fracción del PAN en el Congreso local, por buscar darle el pase automático al procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, a la Fiscalía General del estado.
El activista Javier Sentíes leyó la postura que firmaron 10 organizaciones, entre ellas, el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, Centro de Derechos Humanos Victoria Díez y el Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato, y que ya fue entregada a la senadora, Malú Mícher.
Subrayan que la iniciativa de crear la Guardia Nacional no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, como ya lo han advertido instancias como la CNDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Muestra de lo anterior, dijo el activista, es que durante 12 años se ha seguido la estrategia de militarizar la seguridad, lo que arrojó miles de muertos y desaparecidos, y ahora López Obrador busca seguir el mismo camino.
Sin embargo, también criticó que, independientemente del tema de la Guardia Nacional que es de competencia federal, en Guanajuato el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, junto con la fracción del PAN en el Congreso local, buscan mantener a Carlos Zamarripa como fiscal general, a pesar del alto índice de homicidios dolosos que tiene el estado, y del cual, aseguró, él es corresponsable.
Un procurador de justicia que lleva 9 años en el estado y que no ha dado resultados, en cuyo régimen ha aumentado la inseguridad, la violencia, el crimen, los homicidios dolosos, el huachicol; es increíble que el gobernador, Diego Sinhue, haya nombrado, con apoyo de su Congreso panista, a un personaje que a todas luces es responsable del crecimiento de la inseguridad alarmante de Guanajuato”, dijo.
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