El rechazo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a un amparo solicitado por el expresidente del Consejo de SAPAL, Pedro González García, tras una sanción de inhabilitación emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado se convirtió en la primera sanción impuesta a un servidor público por falta administrativa grave.
Así lo publicita el TJA de Guanajuato en su cuenta de Twitter en la que, sin señalar al aludido por su nombre, describe que la Sala Especializada acreditó la responsabilidad administrativa por conflicto de interés e impuso al funcionario una suspensión para desempeñar cualquier cargo público durante cinco meses.
Tras la resolución emitida en julio del año pasado, señala el documento, el servidor público interpuso un recurso de apelación ante el Pleno del TJA Guanajuato que confirmó la sentencia de la Sala Especializada y dicha sentencia fue posteriormente confirmada en el Juicio de Amparo por el Tribunal Federal.
El magistrado del TJA, Arturo Lara Martínez,vdestacó el valor de la emisión de esta sentencia.
“La novedad es que es el primer asunto que se resuelve conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y un Sistema Nacional Anticorrupción y esta es la primera sentencia que se dictó en el país y que causa ejecutoria y así le llamamos ya cuando es inmodificable”, explicó Lara.
González García fue sometido a proceso luego de que se supo que benefició a una empresa inmobiliaria de la que es socio junto con su familia, al autorizar el gasto de 7.3 millones para la instalación de la red hidráulica en el fraccionamiento campestre Los Jacales.
La sentencia señala que conforme a la nueva ley se le pudo otorgar hasta una inhabilitación o una destitución pero las faltas se cometieron cuando estaba en vigor la ley anterior.
Pedro González renunció a SAPAL desde agosto del año anterior aunque la impugnación siguió su curso y hasta ahora corre su inhabilitación de manera formal. Quienes conocen de la nueva ley, señalan que de estar vigente cuando se cometió la irregularidad, el expresidente de SAPAL tendría que haber pagado hasta dos veces el beneficio obtenido.
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