Debido a que a partir de la llegada del nuevo secretario de Seguridad de León, Mario Bravo Arrona, no le han solicitado más trabajos al asesor del nuevo modelo de seguridad en León, Bernardo León Olea quien habría decidido dejar de cobrar la última ministración de 160 mil pesos mensuales por el pago de sus servicios.
De acuerdo a fuentes en el Municipio, León Olea tomó esta decisión luego de que platicó con el funcionario municipal y con autoridades municipales que ya no le han solicitado “nuevos entregables” como parte de su asesoría en seguridad por lo que se trata de una decisión unipersonal del asesor michoacano, diseñador del nuevo modelo de seguridad.
Bernardo León firmó un contrato por 4.2 millones de pesos con la autoridad municipal para la implementación del nuevo modelo policial. Recibió un primer pago cercano al millón y medio de pesos con el compromiso de recibir la cantidad restante en ministraciones mensuales de 160 mil pesos que concluyen en mayo entrante.
El diseño e implementación del modelo ya está entregado al Municipio.
Durante los meses anteriores, según esta información, León Olea ha entregado documentos como el “Protocolo para hacer investigaciones”, “Manual para los centros de atención a víctimas y un proyecto para convenio para la Fiscalía.
El convenio señala que a partir de la entrega de los principales productos, mensualmente se diseñará un programa de capacitación y revisión del modelo.
Sin embargo, trascendió que a partir de la llegada de Bravo Arrona ya no ha habido la misma interacción con el asesor michoacano quien decidió no cobrar la última ministración.
En este momento está pendiente de echarse a andar el proyecto para que policías municipales de León reciban denuncias de parte de los ciudadanos que se supone debe estar listo para este mes y que ha tenido algunos retrasos.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos, ha cuestionado directamente al Fiscal Carlos Zamarripa de lo que él llama, “falta de voluntad para implementar el proyecto”.
Durante las últimas semanas, este modelo que incluye la recepción de denuncias de parte de los policías ya se implementó en los municipios de Escobedo, Nuevo León y Chihuahua, Chihuahua además de que se anunció también como proyecto de la secretaría de Seguridad federal.
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