Aunque redujo su presupuesto en relación con el año pasado, el Congreso de Guanajuato está en el top 10 a nivel nacional de los órganos legislativos que más recursos tienen este año, de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En el 2020, el Congreso del estado tiene un presupuesto de 499 millones 613 mil 436 pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de Guanajuato, con lo cual se ubica en el décimo lugar a nivel nacional, a pesar de que se redujo su presupuesto 3.9 millones de pesos en comparación con el 2019.
Los congresos locales que más recurso tienen son Ciudad de México (1 mil 766 millones de pesos), Estado de México (1 mil 400 mdp) y Michoacán (800.9 mdp); mientras que los que tienen un menor presupuesto son Colima (115 mdp), Yucatán (150 mdp) y Tamaulipas (182 mdp).
En general, fueron 22 los congresos locales que aumentaron su presupuesto para este año, destacando el caso de Puebla, en donde su órgano legislativo recibió 50 % más recursos, al pasar de 149.8 millones a 224.2 millones de pesos.
En tanto, seis congresos disminuyeron su presupuesto y cuatro lo mantuvieron igual.
Al dividir el presupuesto de cada congreso para este año entre el número de diputados que cada uno de ellos tiene, el IMCO establece que el costo de cada diputado en Guanajuato es de 13.8 millones de pesos, situándose como la décima primera entidad en donde los legisladores representan un mayor costo.
Las tres entidades que tienen el mayor costo por diputado son Ciudad de México (26.8 mdp por legislador), Baja California (23.5 mdp) y Sonora (21.8 mdp).
Por lo anterior, el IMCO consideró que en un escenario de menores recursos en los estados, los diputados locales deben asumir la responsabilidad de destinar los recursos públicos a las verdaderas prioridades de la población.
En algunas entidades federativas, con congresos significativamente costosos, la reducción presupuestal de estos órganos legislativos puede representar una cantidad importante de recursos para otros sectores, como salud, desarrollo social, movilidad o procuración de justicia”, señala el estudio.
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