El “efecto Trump” aparentemente hizo que los alguaciles retornaran a cárceles de Los Angeles para detectar inmigrantes con crímenes violentos, reportó hoy el diario Los Angeles Times.
Agentes federales de inmigración han regresado a las cárceles del condado de Los Ángeles para buscar a presos con la intención de deportarlos bajo una nueva política del jefe del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, Jim McDonnell.
Esto ha provocado críticas de organizaciones y defensores de los inmigrantes que dicen que ello podría conducir a la discriminación racial.
La nueva política del Departamento del Sheriff, hecha pública el martes, se produce después de que supervisores del condado votaron este año para poner fin a un controvertido programa.
Este programa permitía a los agentes de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) trabajar dentro de las cárceles para evaluar el estatus migratorio de los reclusos.
Ahora los agentes del ICE se están permitiendo entrar, pero sólo para entrevistar a presos que han cometido delitos graves y no están protegidos por el Acta de Confianza de California de 2013.
Bajo la nueva política, los funcionarios de la cárcel notifican al ICE hasta siete días antes de que esos reclusos sean liberados para que agentes de inmigración puedan recogerlos e iniciar un proceso de deportación.
Los nuevos procedimientos contrastan con los de San Francisco, donde legisladores han prohibido toda colaboración del sheriff con autoridades de inmigración, salvo cuando las autoridades federales tienen una orden judicial.
Políticas de esa ciudad han estado en el centro de atención nacional desde la muerte con arma de fuego de una estadunidense por un inmigrante indocumentado que había sido dejado en libertad tras estar detenido.
El incidente provocó una protesta, con figuras tan diversas como la senadora demócrata Dianne Feinstein y el aspirante presidencial republicano Donald Trump, pidiendo una colaboración más estrecha entre la policía local y el ICE.
Defensores de los inmigrantes expresan que tal colaboración conduce al perfil racial y siembra desconfianza en la policía entre comunidades de inmigrantes y que esa nueva política del condado de Los Ángeles es una reacción a esa presión.
“Parece que el ‘Efecto Trump’ está teniendo un impacto en la política del condado de Los Ángeles”, dijo Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).
“La nueva política parece motivada y afectada por la tragedia sensacionalista de los discursos políticos”, consideró.
“Es una política que enreda la aplicación de la ley penal local con el cumplimiento de las leyes civiles de inmigración que siguen siendo obsoletas e injustas”, manifestó Alvarado.
McDonnell, quien delineó la nueva política en una carta enviada a la Junta de Supervisores del martes, dijo que los nuevos procedimientos buscan “equilibrar de forma apropiada” las necesidades de seguridad pública y las preocupaciones de las comunidades de inmigrantes.
McDonnell indicó que la nueva política se redactó después de tres reuniones de la comunidad, a las que asistieron cerca de 400 personas, y de reuniones privadas con abogados, funcionarios de inmigración y organismos del orden público de la zona.
Defensores de inmigrantes afirman que la nueva política está fuera de sintonía con una decisión de la junta de este año para poner fin a un contrato con el ICE que colocó a agentes y alguaciles en cárceles para identificar a los reclusos potencialmente deportables.
La Junta de Supervisores del condado de Los Angeles votó en mayo pasado poner fin a ese programa, conocido como 287 (g), luego de años de presión por parte de los defensores que afirmaban que dio lugar a la discriminación racial.
