El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo presentó al Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la ley de Movilidad con la que se pretende establecer en la entidad un modelo libre de mercado en el servicio de taxis ejecutivos
De aprobarse la propuesta, quien quiera trabajar en cualquier plataforma de este tipo de servicio ya no requerirán permiso, sino que bastaría con que estén registrados en la plataforma.
La propuesta es la respuesta del gobierno estatal a una resolución de un amparo promovido hace tres años emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia Administrativa que declaró inconstitucionales diversos artículos de la Ley de Movilidad del Estado, respecto a la exigencia a los prestadores de este servicio tenían para contar con un permiso.
“La modalidad de servicio privado de pasajeros mediante plataformas tecnológicas no requerirá de la realización de ningún tipo de estudio, sino de verificar las características mecánicas del vehículo y las habilidades de conducción de los operadores. Un operador interesado en prestar el servicio lo único que tendrá que hacer es inscribirse en las plataformas tecnológicas en las cuales haya decido participar”, señala la iniciativa.
La Ley de Movilidad del Estado aprobada por el Congreso local en la segunda mitad del sexenio de Miguel Márquez resultó muy polémica e incluso impugnada públicamente por políticos y empresarios afines al PAN porque restringía la operación de taxis ejecutivos e incluso se le conoció como la “Ley Uber”.
La iniciativa marca entre los requisitos para operar este tipo de vehículos: identificación oficial vigente del propietario del vehículo y de los operadores, documento que acredite la plataforma tecnológica mediante la cual se ofrecerá el servicio de transporte privado, licencia de conducir tipo A o B vigente, factura o carta factura vigente del vehículo a favor del interesad, tarjeta de circulación, revista físico mecánica aprobada y vigente, seguro vigente, Registro Federal de Contribuyentes, Registro Estatal de Contribuyentes y comprobante de pago anual del derecho por la emisión del código de respuesta rápida.
En otra parte de la iniciativa del Ejecutivo, se propone quitarle la facultad de expedir licencias de conducir a la Secretaría de Gobierno y otorgársela a la de Seguridad que además podría operar el registro estatal de licencias y de infracciones.
De acuerdo al Ejecutivo, esta reconfiguración de atribuciones tiene como fin constituirse en una fuente de datos que sirvan de formulación y operación de políticas y estrategias de seguridad.
