Activistas de la comunidad LGBT, acompañados por la organización Amicus, presentaron una demanda de amparo en contra del Congreso de Guanajuato al considerar que dicho poder discrimina las iniciativas relacionadas con este sector de la población.
El director de Amicus, Juan Pablo Delgado, refirió que se hizo un análisis de las iniciativas que se presentaron en la legislatura anterior, y encontraron que de las siete que abordaban temas que tienen que ver con los derechos de personas LGBT, ninguna fue dictaminada, es decir, ni siquiera fueron revisadas en comisiones.
Esto muestra que hay un trato diferenciado y discriminador en el Poder Legislativo de Guanajuato sobre estos temas, lo cual impulsó que el pasado 4 de noviembre activistas y Amicus presentaran una demanda de amparo.
“El trato diferenciado basado en la orientación sexual y en la identidad de género es constitutivo de discriminación porque la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas, categorías sospechosas en los términos que ha desarrollado la Suprema Corte y eso nos da pie a la presentación de un amparo”, dijo.
Explicó que en caso de que les sea otorgado el amparo, podrían producirse dos efectos. El primero sería que el tribunal federal obligue al Congreso local a calendarizar las iniciativas que en la legislatura pasada ni siquiera fueron dictaminadas y se discutan en comisiones, lo cual tampoco representaría que vayan a ser aprobadas.
Entre los temas de las referidas iniciativas están el matrimonio igualitario, las llamadas terapias de conversión, el bullying por orientación sexual o identidad de género, el reconocimiento identidad de género y la tipificación de crímenes basados en prejuicios.
El segundo efecto sería que se resuelva que hubo omisión por parte del Congreso local derivada de la ausencia adecuada de regulación del proceso legislativo, lo cual a su vez provocaría que se le ordene formalizar dicho proceso.
Juan Pablo Delgado también criticó que el secretario general del Congreso, Christian Cruz, haya presentado el informe justificado como parte del trámite del amparo, sin siquiera avisar ni dialogar con los diputados de oposición, ni consultarlo con la Junta de Coordinación Política.
“¿Quién es la Secretaría General del Congreso para tomar la decisión de actuar en representación del cuerpo colegiado sin consultarlo? Hay que recordar que las personas legisladoras están ahí por el voto popular, entonces por qué la secretaría tendría la facultad de determinar si presenta o no un informe, y el contenido, o sea, ¿quién le dice qué escribir?”, dijo.
Señaló que si bien la Ley Orgánica del Poder Legislativo le permite esa facultad, debería reformarse, además de que Christian Cruz debería actuar de manera más transparente.
Delgado Miranda estimó que la resolución del amparo se dé en el primer trimestre del próximo año.
