El Instituto Mexicano de Competitividad advirtió que la obra pública de Guanajuato carece de transparencia y planeación suficiente, e incluso sus procesos de contratación favorece la realización de “acuerdos colusorios”.
Lo anterior lo señala en su Índice Legal de Obra Pública, el cual evalúa la calidad del marco jurídico en los estados a través de 144 criterios divididos en 24 indicadores, que abarcan la forma en cómo se licitan las obras, así como su fase de preparación y posterior a ella.
El índice abarca las 15 entidades con mayor población e impacto en el PIB nacional y destaca que en Guanajuato algo positivo es que la licitación pública puede ser de carácter nacional e internacional y se exige un nivel adecuado de publicidad en la difusión de las convocatorias para licitación pública, lo que favorece la participación de un mayor número de competidores.
Sin embargo, son más los puntos negativos que encuentra el IMCO en la legislación y la forma en como funciona la Secretaría de Obra Pública encabezada por José Arturo Durán Miranda.
El más grave es que advierte que los procedimientos de contratación son presenciales, es decir, permiten la identificación de los oferentes y su interacción, lo que facilita la difusión de información sensible y esto a su vez favorece la realización de acuerdos colusorios.
Además, critica que pueda iniciarse un procedimiento de contratación sin contar con una investigación de mercado de respaldo y sin estudios, proyectos y programas de ejecución completos, y que se permite la modificación de los contratos por más del 25 por ciento de su monto o plazo.
También considera que los supuestos de excepción a la licitación pública -para poder emplear la adjudicación directa o la licitación simplificada- son injustificados, y que no es positivo que los oferentes deban contar con registro vigente en el Padrón de Contratistas para poder participar, pues ello va en contra de obtener la mejor oferta.
Por último, acusa que no es posible acceder a los contratos y convenios modificatorios celebrados, ya sea porque no se incluye referencia a los documentos o porque los enlaces que los almacenan no funcionan, además de que en el 2016 hubo una discrepancia del 272 por ciento entre lo presupuestado y lo ejercido para infraestructura.
Por lo anterior, el IMCO recomienda que sea obligatorio realizar investigación de mercado previo a concursar cualquier proyecto, contener excepciones razonables a la licitación pública, solo permitir modificaciones al contrato por debajo del 10 por ciento, así como digitalizar y publicar la información desde la planeación hasta la ejecución de la obra.
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