Víctimas buscan que Naciones Unidas emita recomendaciones sobre la independencia de la Fiscalía General del Estado y sus malas prácticas.
En su exposición, algunas víctimas aseguraron que la FGE inventa pruebas, maquilla cifras sobre fosas clandestinas y encubre a otras autoridades o políticos.
En conferencia de prensa en Ciudad de México, Norma Patricia Barrón Núñez, del colectivo “Una luz en mi camino”, narró cómo su esposo y su hijo fueron secuestrados el 1 de junio de 2019, y a pesar de haber pagado 1 millón de pesos de rescate, todavía no sabe nada de ellos.
Además, subrayó que la Fiscalía local miente a los colectivos que buscan personas desaparecidas al informarles sobre el hallazgo de fosas clandestinas y la cantidad de cuerpos que son hallados en ellas.
“La ficción supera a la realidad, eso es lo que nos lastima como familiares porque si nuestro familiar ya está dentro de una fosa clandestina y la Fiscalía no nos da el número real, jamás vamos a poder tener a nuestro familiar, es decir, nuestro familiar sufre una segunda desaparición. Hay personas que desaparecen hoy, los encuentran mañana y nos dan el resultado hasta después de un año; ese es un dolor y una agonía que pasa la familia y ese es el estado de vulnerabilidad”, dijo.
En la conferencia de prensa también estuvo Laura Elena Díaz Infante González, quien afirma que su esposo, Jorge González Topete fue asesinado, pero la Fiscalía, de manera abrupta, concluyó que se suicidó.
También participó María José Velázquez Navarro, una de las dos presuntas víctimas de violación por parte del diputado federal electo del PAN, Jorge Romero, quien acusó violencia institucional e “influyentismo” para beneficiar al panista y que su caso quede impune.
Por lo anterior, Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, refirió que se reunirán con personal de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El objetivo, agregó, es solicitarle que envíe un comunicación al relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas , Diego García-Sayán, para que emita recomendaciones sobre la situación de impunidad en Guanajuato y cómo mejorar la independencia de la FGE.
“Esperamos entonces que esta comunicación que eventualmente el relator y otros procedimientos especiales puedan hacer respecto a esos casos, puedan servir también para visibilizar el patrón sistemático de violaciones a derechos humanos que la Fiscalía de Guanajuato tiene en su falta de diligencia en las investigaciones”, dijo.
